La polémica muerte del joven Walter Oyarce en el estadio Monumental de Lima ha conseguido impulsar en el Congreso de Perú una serie de medidas contra la gran cuota de violencia que rodea el fútbol peruano.
Walter Oyarce, de 23 años, murio cuando intentaba proteger a otros dos jóvenes de unos violentos hinchas del equipo Universitario, conocido como U, que saltaban de palco en palco en el estadio arrancando pancartas de apoyo al club visitante, el Alianza Lima.
Durante el enfrentamiento en el palco en el que estaba Oyarce, éste acabó cayendo desde una altura de cinco metros, lo que le causó unas graves heridas en la cabeza. Murió poco tiempo después de llegar al hospital.
Identificados por imágenes grabadas por cámaras de televisión, varios hinchas del U fueron arrestados al cabo de pocos días, incluyendo los dos acusados de haber lanzado a Oyarce al vacío.
Las muertes vinculadas a los partidos de fútbol en Perú no son nada nuevo. De hecho, el país ostenta el récord mundial de muertes relacionadas con este deporte: 318 personas fallecieron a causa de una estampida de espectadores durante un partido Perú - Argentina en la década de 1960.
Pero esta nueva tragedia ha desencadenado una serie de revelaciones que implican a altosdirectivos del Universitario, que supuestamente toleran (y posiblemente incluso fomentan) la violencia en los partidos.
Sus detractores dicen que el club se muestra indulgente con sus seguidores violentos, a los que regala entradas para cubrir huecos en los estadios y para intentar animar el ambiente durante las lucrativas coberturas televisivas.
Uno de los dos sospechosos de la muerte de Oyarce, José Luis Roque Alejos, de 42 años, supuestamente trabajó como guardaespaldas del presidente del U, Julio Pacheco. El otro, David Sánchez-Manrique Pancorvo, de 36 años, es el primo de la mujer del director de marketing del U. Ambos sospechosos, acusados de homicidio, niegan su vinculación con la muerte de Oyarce.
Las imágenes grabadas por CCTV de los alrededores del estadio también están rodeadas de polémica. La versión entregada a las autoridades después de la muerte de Oyarce supuestamente se detiene, sin explicación, justo antes de la caída de la víctima desde el palco y se reanuda justo después.
El diputado Renzo Reggiardo, que vio el vídeo en su papel de jefe de la comisión parlamentaria de seguridad ciudadana, ha asegurado que “no acusa a nadie”. “No tengo pruebas. Pero es muy extraño. O bien fue editado o fue una gran coincidencia. La pregunta obvia es ¿están protegiendo a alguien?”, dice.
Pacheco no ha querido hacer comentarios a GlobalPost, pero en los medios de Perú hanegado cualquier conexión con el sospechoso Roque Alejos. También ha insistido en que el U no es responsable de la seguridad en los palcos privados, algo que Reggiardo califica de “inaceptable”.
Una de las principales acusaciones que hacen los diputados, incluido Reggiardo, a los equipos de fútbol de Perú es que las entradas gratis que dan a sus hinchas más comprometidos, conocidos como las “barras bravas”, suelen acabar cayendo en manos de matones.
Un hincha, que habla a cambio de conservar el anonimato, asegura que los anteriores directivos del U ofrecían dinero en efectivo y entradas a aquellos que arrebatasen pancartas a los seguidores de los equipos contrarios. “Todo el mundo lo sabía”, dice. “Pelearse por las pancartas era normal.
"No se supone que nadie tuviese que morir, pero es obvio que las cosas se les han ido de las manos”. alega el hincha.
Reggiardo asegura que “todo esto no ha sido probado, pero es algo que necesita ser investigado”. El diputado de momento está liderando una iniciativa para cambiar la forma de gestionar el fútbol peruano y deshacerse de la violencia que lo rodea, que ha ensuciado demasiado a menudo la imagen del deporte más popular en el país latinoamericano.
Reggiardo se hizo cargo inicialmente del tema en 2009, tras la muerte de la administrativa Paola Vargas, de 23 años, cuando fue echada de un autobús en marcha por un grupo de hinchas del U.
Poco después, los principales equipos de Perú recibieron órdenes de registrar a todos sus hinchas, a fin de identificar y seguir a los delincuentes que hubiese entre ellos.
Les advirtieron que si no lo hacían la policía se negaría a trabajar en los estadios y en los clubes, lo que a su vez les haría perder sus permisos de seguridad pare celebrar partidos.
Hasta la fecha, tan sólo un equipo, el Sporting Casal, también de Lima, ha cumplido dicho requisito. La policía ha incumplido su amenaza de paralizar los partidos. Según Reggiardo, “eso me hace pensar que hay complicidad [con los equipos directivos]. Si lo hubiesen hecho, quizás no hubiésemos tenido que ver la muerte de este joven”.
El diputado, que pertenece al pequeño grupo de la oposición Solidaridad Nacional, parece haber logrado un amplio respaldo en el parlamento para impulsar las nuevas medidas contra los “hooligans”, incluyendo el del presidente del Congreso, Daniel Abugattas, que le llamó para apoyarle.
Todo sugiere que las nuevas medidas de control en el fútbol, inspiradas en las exitosas experiencias de Gran Bretaña, serán aprobadas antes de final de año.
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