Bandas criminales en Colombia: la nueva cara de los desmovilizados
por Neirlay Andrade
Viernes, 13 de Enero de 2012 12:44
Los paramilitares siguen operando en Colombia, aunque el gobierno haga gala de sus supuestos planes para desmovilizarlos
Resumen Latinoamericano/AVN
Seis departamentos de Colombia comenzaron el año con un recrudecimiento del conflicto armado. El noroeste del país vivió, en menos de una semana, la ejecución de uno de los cabecillas del crimen organizado en la zona, la imposición de un paro armado y la militarización de la región.
Las bandas criminales (Bacrim) han ocupado los titulares de la prensa desde finales de 2011, sin embargo, en la vida diaria la ocupación del país por esas organizaciones ya echa raíces: de los 32 departamentos de Colombia, solamente Amazonas y Vaupés no han registrado esta nueva figura que poco a poco se ha consolidado en la escena hasta lograr el dominio de más de 300 municipios.
¿Qué son las banda criminales? El congresista Iván Cepeda ha dicho que la expresión "bacrim" no es más que un eufemismo utilizado por el gobierno nacional para denominar a una estructura más del paramilitarismo.
En una entrevista ofrecida a la Radio del Sur, Cepeda detalló que estos grupos criminales "no son banda de narcotraficantes simplemente", sino que "cuentan con un respaldo político y económico de poderosos sectores".
El presidente Juan Manuel Santos ha atribuido el avance de las Bacrim a "una tenebrosa mano de la extrema derecha en Colombia", recordó el miembro de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, para luego advertir que estas estructuras "funcionan en departamentos donde ha tenido tradicionalmente gran influencia el ex presidente Álvaro Uribe Vélez".
El último episodio de la trama armada fue la imposición de un paro los días 5 y 6 de enero por parte de "Los Urabeños", bacrim que opera en el golfo Urabá, en la frontera con Panamá y que se extiende en 181 municipios de Colombia.
La respuesta del Ejecutivo fue el despliegue de 6.000 miembros de la Fuerza Pública en Antioquia, Córdoba, Magdalena, Sucre, Cesar y Chocó.
Para José Antonio Gutiérrez D, coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina", el paro armado es prueba de que "la desmovilización no fue tal y que lo que se buscó fue, en gran medida, la impunidad y la "normalización" de la obra del paramilitarismo (expropiación, control, consolidación de cacicazgos políticos)".
Ivan Cepeda ha advertido que tras la militarización se oculta una concertación "para evitar cualquier proceso de restitución de tierras, cualquier proceso tendiente a la paz en Colombia y cualquier proceso que beneficie a campesinos, indígenas y afrodescendientes en esta zona del país".
No es la primera vez que se manifiesta una denuncia de este tipo. En el último comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), el comandante Timoleón Jiménez advirtió que el aumento de la presencia militar en El Catatumbo, en el este del país, coincide con la llegada a la región de nuevas empresas transnacionales.
por Neirlay Andrade
