sábado, 30 de julio de 2011
Los avances en seguridad ciudadana
CIFRAS DEL ARDUO TRABAJO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Miguel Hidalgo Medina Ministro del InteriorLa última encuesta de Ipsos Apoyo, publicada en El Comercio el 18 de julio, indica que el 50% de los entrevistados (1,200 en todo el Perú) cree que la delincuencia y la falta de seguridad son los problemas desatendidos por el gobierno del doctor Alan García Pérez. El Ministerio del Interior considera que a pesar de esa percepción negativa del ciudadano, se han realizado grandes esfuerzos y obtenido importantes logros.
El sector ha cargado con todo el peso de una responsabilidad que no es de su absoluta exclusividad en materia de Seguridad Ciudadana, ello a pesar de que la ley del Sinasec determina atribuciones y responsabilidades no solo al Gobierno central sino también a los gobiernos regionales y locales.
Sin embargo, con algunas honrosas excepciones, son muchos los alcaldes distritales que no han asumido cabalmente su rol.
El Gobierno central, consecuente con los compromisos del Jefe del Estado al asumir su mandato en julio de 2006, incorporó durante el quinquenio a 26,981 nuevos policías, adquirió 4,337 vehículos, construyó 16 nuevas comisarías y en el presupuesto del año fiscal de 2011 otorgó 34 millones de nuevos soles para el mantenimiento de mil 119 comisarías de todo el país.
En la parte operativa, según estadística policial, se han registrado más de 1'280,550 operativos policiales, 17,813 bandas desarticuladas, 41,066 vehículos recuperados, 152,490 personas requisitoriadas capturadas, 372,947 detenidos por diversas faltas y miles de armas incautadas.
En materia de la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y delitos conexos, el Gobierno delineó una política de lucha frontal contra este flagelo con mejoras en el aspecto legal y la voluntad política de fortalecer la lucha contra el lavado de activos provenientes del TID, habiéndose llevado a cabo las más grandes y exitosas investigaciones.
En el aspecto operativo, se decomisaron e incineraron 135 toneladas de drogas, 61 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca ilegal fueron erradicadas, se destruyeron más de 10 mil pozas de maceración, así como 5,574 laboratorios para el procesamiento de pasta básica de cocaína.
También se decomisaron y destruyeron más de 2,900 toneladas de insumos químicos fiscalizados. Con respecto a los bienes provenientes del narcotráfico, se incautaron 2,111 bienes entre inmuebles y vehículos –por un valor estimado en 350 millones de dólares–, la mayor ahora asignada en uso por la Ofecod a diversas entidades públicas para darle mejor empleo y evitar su deterioro.
En la lucha contra los remanentes terroristas que actúan en el valle del Huallaga se han capturado y puesto disposición de la justicia a 837 personas involucradas en ese delito.
Los servicios de salud han sido también fortalecidos. De 2006 a 2011 hubo más de 18 millones de atenciones médicas a favor del personal titular y familiar, y después de 23 años, Fospoli ha invertido 482 millones de nuevos soles en la adquisición de 50 modernas ambulancias, medicinas, equipamiento médico y remodelaciones en infraestructura de hospitales.
Finalmente, es preciso resaltar el reciente aumento del 20% en las remuneraciones del personal subalterno y oficiales hasta el grado de comandante y de 25% para el personal PNP pensionista que quedó discapacitado en acción de servicio.
Se está dejando un país en paz, con orden social, donde se respetan los derechos y las libertades de los ciudadanos. Sabemos que ello podría ser insuficiente y que hay mucho por hacer, pero también creemos que se debe reconocer el gran esfuerzo de funcionarios del sector, tanto policías como civiles, muchos de los cuales, en esta tarea, han ofrendado generosamente hasta sus vidas. A ellos y a sus familias el país les tiene una deuda de reconocimiento y gratitud.
martes, 26 de julio de 2011
Los riesgos de la militarización de la seguridad
lunes 25 de julio de 2011
Una de mis principales preocupaciones con Ollanta Humala fue desde el inicio que su formación militar y lo tenue de sus tradiciones democráticas, nos llevaran a retrocesos en el manejo de la defensa y la seguridad en democracia.
Ese temor era compartido por muchos de los que optaron por apoyarlo para impedir el retorno al poder de los fujimoristas, con todo lo que ello significaba. Tanto es así que uno de los juramentos que hizo ante los ya famosos “garantes” fue el que habría ministros civiles, tanto en Defensa como en Interior. En ambos casos ha faltado a su juramento, poniendo a militares retirados y no duden de que cuando haya nombramientos en Inteligencia la cosa será similar.
El control civil de la defensa y la subordinación de los militares a la autoridad democrática no es un prurito intelectual. América Latina, y el Perú en particular, tienen una historia negra de intervencionismo militar en los asuntos públicos que, en nuestro caso más reciente ayudan a entender la existencia y perduración de la dictadura cleptocrática de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.Como reacción a este problema, ya restablecida la democracia, en la primera década de este siglo se hicieron esfuerzos muy importantes por cambiar esa forma de relacionarse de los militares con el poder político y avanzar en su profesionalización.
Hubo logros muy significativos en términos conceptuales, legislativos y prácticos. Los protagonistas más importantes de estas reformas fueron los ministros civiles Loret de Mola con Toledo y Allan Wagner con García.
A la vez los mayores retrocesos ocurrieron con Rafael Rey, confirmando que no sólo se necesita ser civil para conducir la política de defensa en democracia, sino también tener genes democráticos (como sí los tuvo el general Chiabra durante su gestión en la época de Toledo).
El nombramiento del general retirado Daniel Mora es un claro retroceso. No sólo porque sea militar, con las ataduras y lealtades corporativas que ello conlleva, sino porque su historia ya es conocida y preocupante. No sólo estuvo muy vinculado al hoy preso y entonces todopoderoso comandante general de Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, sino que además tuvo una gestión oscura y llena de escándalos en el Servicio de Inteligencia en la época de Toledo. Tener un militar descriteriado a cargo de la defensa es un problema. En sus primeras declaraciones ya anunció que no será ministro, sino el jefe del “sindicato militar” contra el MEF exigiendo más aumentos de salarios. También ya creó problemas innecesarios con Chile con declaraciones absurdamente belicistas. (Por cierto los dineros que pudiese conseguir para más salarios y armamentismo, se les tendrían que quitar a los famosos programas sociales para la inclusión).
El sector Interior es otro problema. La seguridad ciudadana se ha deteriorado significativamente en el gobierno de García. El narcotráfico ha aumentado su poder y ejercido nuevas formas de violencia. Si bien se ha avanzado en el Huallaga contra Sendero Luminoso, en el VRAE se ha fracasado estrepitosamente, al precio de la vida de decenas de miembros de las fuerzas del orden. El manejo del orden público ha sido un desastre. Se ha oscilado entre la permisibilidad absoluta y la represión indiscriminada. En lugar de profesionalismo es decir actuar con firmeza pero sin daño, hemos tenido decenas de manifestantes y de policías muertos. A todo lo anterior se suma quizás lo más grave, que los que valen dentro de la Policía Nacional están desmoralizados, sabiendo que la corrupción se ha extendido como un cáncer desde la cabeza hasta los pies de la institución.
Después de los pésimos nombramientos de García en Interior (un sector que le interesaba un comino y en el que alternó amigotes del partido con policías dispuestos a servirlo en temas no siempre santos) se esperaba que Ollanta Humala le diese mucha atención a un sector que necesita cambios radicales, dramáticos y urgentes.Pero no. Ha seguido el ejemplo de García y rifado la gestión de la seguridad. Se la ha regalado a un total desconocido (dicen que porque le financió parte de la campaña) que no sabe nada del tema y que seguramente creerá que su antigua formación militar es la base para las políticas a desarrollar. Con lo cual su fracaso está garantizado.
Lamentablemente mis temores se están confirmando.
RIESGO DE MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD (*)
(*) Carlos Basombrío Iglesias
Una de mis principales preocupaciones con Ollanta Humala fue desde el inicio que su formación militar y lo tenue de sus tradiciones democráticas, nos llevaran a retrocesos en el manejo de la defensa y la seguridad en democracia.
Ese temor era compartido por muchos de los que optaron por apoyarlo para impedir el retorno al poder de los fujimoristas, con todo lo que ello significaba. Tanto es así que uno de los juramentos que hizo ante los ya famosos “garantes” fue el que habría ministros civiles, tanto en Defensa como en Interior. En ambos casos ha faltado a su juramento, poniendo a militares retirados y no duden de que cuando haya nombramientos en Inteligencia la cosa será similar.
El control civil de la defensa y la subordinación de los militares a la autoridad democrática no es un prurito intelectual. América Latina, y el Perú en particular, tienen una historia negra de intervencionismo militar en los asuntos públicos que, en nuestro caso más reciente ayudan a entender la existencia y perduración de la dictadura cleptocrática de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.Como reacción a este problema, ya restablecida la democracia, en la primera década de este siglo se hicieron esfuerzos muy importantes por cambiar esa forma de relacionarse de los militares con el poder político y avanzar en su profesionalización.
Hubo logros muy significativos en términos conceptuales, legislativos y prácticos. Los protagonistas más importantes de estas reformas fueron los ministros civiles Loret de Mola con Toledo y Allan Wagner con García.
A la vez los mayores retrocesos ocurrieron con Rafael Rey, confirmando que no sólo se necesita ser civil para conducir la política de defensa en democracia, sino también tener genes democráticos (como sí los tuvo el general Chiabra durante su gestión en la época de Toledo).
El nombramiento del general retirado Daniel Mora es un claro retroceso. No sólo porque sea militar, con las ataduras y lealtades corporativas que ello conlleva, sino porque su historia ya es conocida y preocupante. No sólo estuvo muy vinculado al hoy preso y entonces todopoderoso comandante general de Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, sino que además tuvo una gestión oscura y llena de escándalos en el Servicio de Inteligencia en la época de Toledo. Tener un militar descriteriado a cargo de la defensa es un problema. En sus primeras declaraciones ya anunció que no será ministro, sino el jefe del “sindicato militar” contra el MEF exigiendo más aumentos de salarios. También ya creó problemas innecesarios con Chile con declaraciones absurdamente belicistas. (Por cierto los dineros que pudiese conseguir para más salarios y armamentismo, se les tendrían que quitar a los famosos programas sociales para la inclusión).
El sector Interior es otro problema. La seguridad ciudadana se ha deteriorado significativamente en el gobierno de García. El narcotráfico ha aumentado su poder y ejercido nuevas formas de violencia. Si bien se ha avanzado en el Huallaga contra Sendero Luminoso, en el VRAE se ha fracasado estrepitosamente, al precio de la vida de decenas de miembros de las fuerzas del orden. El manejo del orden público ha sido un desastre. Se ha oscilado entre la permisibilidad absoluta y la represión indiscriminada. En lugar de profesionalismo es decir actuar con firmeza pero sin daño, hemos tenido decenas de manifestantes y de policías muertos. A todo lo anterior se suma quizás lo más grave, que los que valen dentro de la Policía Nacional están desmoralizados, sabiendo que la corrupción se ha extendido como un cáncer desde la cabeza hasta los pies de la institución.
Después de los pésimos nombramientos de García en Interior (un sector que le interesaba un comino y en el que alternó amigotes del partido con policías dispuestos a servirlo en temas no siempre santos) se esperaba que Ollanta Humala le diese mucha atención a un sector que necesita cambios radicales, dramáticos y urgentes.Pero no. Ha seguido el ejemplo de García y rifado la gestión de la seguridad. Se la ha regalado a un total desconocido (dicen que porque le financió parte de la campaña) que no sabe nada del tema y que seguramente creerá que su antigua formación militar es la base para las políticas a desarrollar. Con lo cual su fracaso está garantizado.
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