viernes, 25 de noviembre de 2011

Ley Antibullying no puede ser aplicada


Jueves 24 de noviembre del 2011|
Norma aprobada en junio carece de reglamento y directores no conocen sus alcances. Proponen contratar más sicólogos y buscar otras soluciones. "
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La presencia de sicólogos en los colegios es vital para frenar los actos de violencia.
Pese a que han transcurrido casi seis meses desde que elCongresoaprobó la Ley Antibullying, para combatir la violencia, el hostigamiento y el acoso entre escolares, el Ministerio deEducación(Minedu) todavía no ha implementado su reglamentación para que entre en vigencia.

Así lo afirmaron el integrante del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, y el congresista impulsor de la norma, Yonhy Lescano, quienes consideraron “urgente” que dicha norma, aprobada el pasado 25 de junio, tenga listo su reglamento.

“El Ministerio de Educación no está acelerando el paso para sacar el reglamento, que es urgentísimo”, manifestó Lescano, quien reveló que durante su semana de representación entre el 14 y 18 de noviembre, visitó algunos colegios de las periferias de Lima, donde comprobó que los directores de dichos centros educativos desconocen la referida norma.

“Los directores (de los colegios) no saben que hay una ley Antibullying, y no la están poniendo en práctica; no saben que es un fenómeno y tienen una noción muy vaga”, afirmó el legislador de Alianza Parlamentaria.

También invocó a que los colegios “contraten más psicólogos” para atender a los menores afectados por el bullying, pues consideró que “eso no es un gasto, sino una inversión”. “Hay que tomar determinaciones urgentes para evitar mayores daños”, sostuvo Lescano.

La Ley Antibullying dispone que todos los colegios deban contar con un profesional en psicología para tratar casos de violencia escolar y además tener una Junta para la Convivencia Escolar Pacífica. También promueve la convivencia sin violencia en las comunidades educativas, y busca dar al Ministerio de Educación una herramienta legal para prevenir y combatir el maltrato entre estudiantes.

Existe preocupaciónHugo Díaz señaló que hay preocupación en varios directores de centros educativos, profesores y padres de familias sobre este tema, “porque en tanto no se reglamente, no se puede aplicar”.

Aunque reconoció que el Minedu “tiene varios problemas que resolver” como el tema del presupuesto del próximo año, el inicio del año escolar y los contratos de profesores, el integrante del Consejo Nacional de Educación señaló que “alguna prioridad hay que darle a este tema (del bullying), ya que es un reclamo social y una preocupación”.

“Ojala que todo eso se pueda superar y que el Ministerio saque antes de fin de año su norma, porque es una situación urgente la que se está viviendo en este campo”, sostuvo el especialista en temas educativos.

Díaz indicó que mientras la sociedad espera la reglamentación de la Ley Antibullying, el Minedu debería proponer algunas alternativas. Por ejemplo, afirmó que ante la escasez de psicólogos educacionales en el país, el Estado debería considerar la participación de jóvenes activistas de equipos pastorales de parroquias, pues “trabajan muy bien los problemas juveniles”.

Reggiardo planteó necesidad de destinar 3% del canon para Seguridad Ciudadana


Noviembre 25, 2011
Reggiardo planteó necesidad de destinar 3% del canon para Seguridad Ciudadana
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, Renzo Reggiardo propuso que un 3% del canon sea para el Fondo de Seguridad Ciudadana.

"Pedimos que se incremente de los presupuestos no invertidos producto del canon que es una gran cantidad de dinero (…). De ese saldo, que el 3 por ciento se destine a la seguridad ciudadana", manifestó en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, lamentó que el monto asignado por Ollanta Humala a inicios de su gobierno, se haya quedado ahí y no superado los 200 millones de soles, como se recuerda dicho fondo debía ser implementado con fondos estatales y del sector privado.

En ese mismo sentido, agregó que aún queda un aproximado de 50 millones de soles (de los 200 destinados) porque el dinero se fue mayormente al Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Penitenciario, pero se espera que se manifieste el sector privado, y por su parte insistirá con una propuesta legislativa. 

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Aprueban feminicidio con pena de 15 años de cárcel


Noviembre 23, 2011
Aprueban feminicidio con pena de 15 años de cárcel
El gobierno incorporará al Código Penal el delito de feminicidio que sería sancionado con una pena de cárcel de al menos 15 años, anunció la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, quien recordó que en el Perú cada mes mueren 10 mujeres por esta razón.

“En el marco del 25 de noviembre, día de la No violencia contra la mujer ha sido aprobada por unanimidad la modificación del artículo 107 del Código Penal que aprueba la tipificación del feminicidio”, dijo la ministra. La Fiscalía señaló que en los 11 primeros meses del año se registraron 73 casos de feminicidio y seis tentativas de este crimen.

Los asesinatos cometidos por convivientes, enamorados, novios y exparejas serán reconocidos como feminicidio, los cuales podrían ser sancionados con una pena no menor de 15 años. Los celos o la negativa de las víctimas a empezar una relación sentimental son los principales motivos de esos asesinatos, siendo el acuchillamiento la forma más usada.

Se construirán dos nuevos penales el 2012, anuncia ministro de Justicia


Lima, nov. 23 (ANDINA). El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren Praeli, informó que uno de los objetivos de su sector para el próximo año es iniciar la construcción de dos nuevos penales que ayuden a reducir los actuales índices de hacinamiento en las cárceles del país.
Foto: ANDINA/archivo
Foto: ANDINA/archivo
Durante la sustentación del pliego presupuestal de su sector en el Parlamento Nacional, indicó que también mejorarán los sistemas de seguridad de los penales a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
“En cuanto al INPE, para el próximo año lo más importante sería la construcción de dos nuevos penales para enfrentar el problema del  hacinamiento en los centros penitenciarios, así como mejorar las condiciones en los establecimientos”, sostuvo en el Parlamento, donde sustentó el presupuesto de su sector para el próximo año.
Eguiguren Praeli indicó que para el próximo año también se plantea mejorar los mecanismos de seguridad al implementar sistemas que permitan un mayor control de ingreso de objetos a los penales y la adquisición de bloqueadores de celulares, entre otras medidas.
El ministro de Justicia dijo además que con el apoyo de la  cooperación internacional se busca ampliar las denominadas Casa de Justicia, de 11 a 18, para concentrar en un mismo local distintos servicios del Ministerio, como asesoría jurídica gratuita.
En el campo de los derechos fundamentales informó que se prevé elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos 2011-2016, y continuar con el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por otro lado, informó que se tiene previsto la implementación del Código Procesal Penal de acuerdo al cronograma establecido para el próximo año, y que este se extienda a otras localidades del país.
“Se ha previsto realizar una evaluación del actual proceso de implementaron del código, donde puedan salir luces sobre los aspectos positivos del mismo y aquellos aspectos que deben ser modificados”, recalcó.
Agregó además que su sector pondrá énfasis en la lucha de los delitos de corrupción por lo que implementarán “un observatorio de criminalidad y delitos de corrupción”.
En otro momento, el titular de Justicia informó que para el año fiscal 2012 se ha asignado a su sector 871 millones 184 mil 312 soles lo que representa el 0.91 por ciento del total del presupuesto público.
(FIN) JCR/CCR

BAJADO DE http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-se-construiran-dos-nuevos-penales-2012-anuncia-ministro-justicia-387922.aspx

lunes, 21 de noviembre de 2011

Maltrato contra la mujer: Cifras

Penalizar o despenalizar


COLUMNA Dra. MARÍA ISABEL GONZÁLES NÚÑEZ
Juez superior camaná
21 de noviembre de 2011

En tiempos en los que estamos viviendo en nuestro país, en que se considera que la solución para el incremento de la violencia  se encuentra en el derecho penal, si aumenta la delincuencia en determinado tipo penal o comportamiento, entonces no se vacila en sugerir que se incremente la pena o si la conducta no está tipificada, entonces que sea criminalizada; recordamos lo que Elena Larrauri nos dice:  si en la década de los sesenta la consigna más oída era descriminalizar porque el derecho penal nos ataca, ahora parecía ser criminalizar porque el derecho penal nos protege; si los años sesenta habían sido pródigos en denunciar el carácter legitimador del derecho penal, ahora se subrayará su carácter limitador.
Recordemos la función del derecho penal es doble: por una parte debe lograr la seguridad jurídica, entendida como la protección de bienes jurídicos, y por otra, de defensa social; por su parte la pena al menos en teoría va a tener un efecto de prevención general, en el sentido de disuadir del delito a aquellos que no han delinquido; y de prevención especial, en tanto que a la pena se le asigna un efecto sobre el delincuente: el que no vuelva a cometer delitos; pero en la práctica somos testigos que la prisión, no funciona como un readaptador social, pues sólo cumple una función de contención y únicamente en algunos casos; por otro lado si realizamos un estudio concienzudo y crítico de nuestro Código Penal al igual que otras legislaciones de países vecinos, nos podemos dar cuenta de que no todos los bienes jurídicos que merecen tutela penal están comprendidos en los tipos penales; además, que algunos tipos penales no cautelan bienes jurídicos, mientras que otros protegen zonas de la realidad que no deberían, por razones de importancia, estar confiados a la tutela penal; peor aún cuando la legislación no sigue una política criminal sino se deja guiar por la coyuntura y las sanciones conminadas no guardan proporción al bien jurídico lesionado o puesto en peligro.
Surge, así, una gran duda acerca de la función del derecho penal, sobre todo si se toma en consideración la opinión, fundada en investigaciones,  que el sistema de justicia penal genera, en ocasiones, más violencia de la que trata de evitar, tal como lo desarrolló el maestro Raúl Zaffaroni; entonces que es lo que buscamos generar más violencia o evitarla, siendo la respuesta obvia, ello nos plantea un reto reexaminar nuestro sistema penal  procurando que se encuentre en el sistema sancionador solo aquellas conductas que verdaderamente resulten lesivas para las bases mismas de la convivencia en sociedad y la de no producir violencia ni vulnerar bienes jurídicos cuando se ejercita esa potestad sancionadora desechando el tabú que el derecho penal lo debe solucionar todo y buscar medios alternativos para la solución de conflictos que hoy tienen trascendencia pena

Más del 25% de casos de violencia afecta a niños



Principales agresores son los padres o familiares.  
El Ministerio de la Mujer informó que el 25.8 por ciento de las 27,780 denuncias registradas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) por violencia familiar y sexual tienen como víctimas a niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, según sus últimas estadísticas. De acuerdo a esos datos, el 69% de esas denuncias obedecen a agresiones físicas y psicológicas cometidas por padres u otros integrantes de la familia contra los menores; mientras que el resto responde a casos de violencia sexual.
Al respecto, la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, consideró que la ciudadanía en su conjunto debe sensibilizarse sobre la importancia de brindar un buen trato a los menores, para garantizar su libre desarrollo físico y emocional.
Durante una movilización realizada ayer desde el Ministerio del Trabajo hacia la avenida de la Peruanidad, como parte del 21 Aniversario de la Convención por los Derechos del Niño, la ministra afirmó que ese abuso debe ser sancionado severamente. El reporte estadístico de los CEM hasta agosto de 2011, también refiere que el 67% esas denuncias tienen como víctimas a mujeres. En total, esas denuncias por violencia familiar y sexual suman 7,166 en este año.
La mayoría de denuncias fueron presentadas en los CEM ubicados en distritos limeños como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo; y del Callao como Ventanilla; así como en ciudades como Piura, Cusco y Junín.
El dato
Los denunciantes son atendidos gratuitamente por psicólogos, abogados y trabajadores sociales, que los ayudan a superar los problemas emocionales y sobrellevar los procesos judiciales que se entablen contra los agresores, aseguró García Naranjo.