Por: Enrique Yépez, General (r) PNP y Oswaldo Carpio Villegas
Edición Nº 307 - Nov. 2011 Lunes, 28 de Noviembre del 2011
Lima, 27 Noviembre 2011, (Especial para El Informante Perú).- El problema de la delincuencia se ha convertido en una prioridad. Gobiernos y ciudadanos en América y en el mundo están preocupados por la existencia de altas tasas de criminalidad y por la tendencia ascendente de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
El Barómetro de las Américas del 2010, señala que el Perú se ha convertido en el país con más alta tasa de victimización de las Américas, a dos puntos porcentuales del Ecuador que está en segundo lugar y a cinco de Venezuela, Bolivia y la Argentina que empatan el tercero. Este indicador refleja el incremento acelerado de los delitos contra el patrimonio en todas sus modalidades, no obstante que en el ranking de la tasa de homicidios, el Perú figura en una escala intermedia con 10 hechos criminales por cada 100,000 habitantes, a diferencia de otros países que alcanzan hasta los 40 homicidios por esta mismo rango de personas.
Estamos pues transitando de una etapa aparentemente menos violenta, luego de la derrota de la vesania terrorista, a escenarios más complejos donde la violencia de la delincuencia en las calles puede llegar rápidamente a penosas realidades como las que vienen padeciendo varios países centro americanos por el accionar del narcotráfico y por pandillas juveniles utilizadas como brazos armados de bandas organizadas de delincuentes avezados.
Frente a la inacción o reducida atención del gobierno anterior para enfrentar el acelerado crecimiento de la violencia delincuencial en nuestro país, el actual gobierno ha decidido poner en su agenda y la necesidad de priorizar la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, agenda que se ha ratificado últimamente por el violento y fallido atentado contra la vida de la inocente hija del Congresista Renzo Reggiardo, el que sumado a similar delito contra la niña Romina en la vía expresa del Paseo de la República, configura una evolución de la violencia criminal que ya no respeta nada con tal de conseguir sus objetivos.
En este tema, el Presidente de la República en su primer Mensaje a la Nación y los diversos pronunciamientos de Oscar Valdés Ministro del Interior permiten avizorar un buen horizonte. El compromiso presidencial de dirigir personalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la mano firme contra delincuentes prontuariados para internarlos en cárceles donde trabajen para su sustento, el impulso a las comisarías con más policías en las calles y la supresión de beneficios penitenciarios para autores de delitos execrables, narcotraficantes y terroristas, entre muchos otros aspectos, permite pensar que esta álgida situación puede cambiar, si estas decisiones se convierten en realidad en el menor tiempo posible.
Lo difícil es pasar de las políticas a las estrategias. Es decir, cómo conseguir que estos compromisos se hagan realidad. Para lograrlo, el ministro Valdés tiene que cumplir una ardua tarea. Considerando que los problemas de seguridad ciudadana son como eslabones de una misma cadena, tiene simultáneamente que enfrentar varios frentes para obtener los objetivos deseados. En este entendido, tiene necesariamente que incursionar en los siguientes campos:
1. Lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo en las zonas de emergencia. Es fundamental, para ello, una amplia coordinación con las FFAA y los organismos de desarrollo para llevar a cabo una estrategia conjunta.
2. Reducción de la delincuencia en las calles y del sentimiento de inseguridad de los ciudadanos. Esto requiere potenciar las unidades operativas de la Policía Nacional con una política de amplia coordinación con los gobiernos locales, al amparo de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
3. Impulso sostenido a la participación de la comunidad en seguridad ciudadana. Los vecinos son los principales aliados en el esfuerzo del Gobierno para mejorar la seguridad a nivel local.
4. Medidas drásticas para evitar la corrupción. Especialmente de los funcionarios encargadas de hacer cumplir la ley (jueces, fiscales y policías).
5. Incremento de los sueldos del personal de la Policía Nacional.
Cada uno de estos temas tiene, a su vez, una amplia gama de acciones y dificultades que sortear, en los campos de la prevención, investigación y control. Sintéticamente proponemos a continuación algunas de las medidas que perentoriamente debería articular el Ministro del Interior.
1. La comisaría es el cerebro y el corazón de la acción policial. La prevención e investigación policial tienen que ser gestionadas a nivel local. Por ende, es imperativo el fortalecimiento de las funciones y competencias de las comisarías distritales en Lima y las provinciales en el interior del país, para que sean las que atiendan todo tipo de requerimientos de los ciudadanos sin necesidad de derivarlos a otras unidades.
2. Mayor número de policías en las calles. Esto aminora el sentimiento de inseguridad de las personas. Para lograrlo, es necesario modernizar la estructura orgánica de la Policía Nacional, reasignar al personal policial que viene desarrollando labores administrativas y derivarlas a las comisarías. En este marco es prioritario eliminar los turnos de 24 x 24 horas, simultáneamente al incremento progresivo de sueldos, para retornar a los tres turnos tradicionales de franco, disponible y servicio, que permita contar con mayor número de efectivos en las comisarías para su propia capacitación por unidades móviles de instrucción y para labores de apoyo al servicio de calle.
3. Recursos y equipos de comunicación estandarizados. Equipar con recursos y medios a las comisarías para un eficiente patrullaje a fin de contar con una interconexión estandarizada de sistemas trasmisión de datos, de comunicaciones y video-vigilancia a nivel nacional, que compatibilice los diferentes equipos adquiridos por las municipalidades (hoy las municipalidades tienen equipos disímiles incompatibles entre ellas y con las comisarías). Tener recursos y equipos estandarizados permitirá contar con mapas y observatorios distritales, regionales y un observatorio central que estén monitoreando permanentemente, en función del comportamiento del delito y a la capacidad de las fuerzas policiales para neutralizar sus efectos.
4. Impulsar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Especialmente los Comités Distritales presididos por los Alcaldes como el mejor espacio para el diálogo y la toma de decisiones. En este tema es necesario capacitar a sus integrantes, formulando guías de procedimientos o protocolos para que cada representante conozca sus funciones y atribuciones.
5. Afianzar las políticas y estrategias de participación ciudadana y de programas preventivos de carácter familiar, social, educativos y de reinserción con la juventud del distrito. Trabajar en el fortalecimiento de la familia y, simultáneamente, con jóvenes y adolescentes en riesgo, a fin de mejorar su calidad de vida, tomando en cuenta experiencias exitosas del país como del extranjero.
6. Prevención situacional. Los gobiernos locales deben destinar parte importante de su presupuesto participativo en aspectos que mejoren la seguridad física, un mejor sistema de alumbrado, construcción de losas deportivas, recuperación de calles y parques en situación de abandono, ornato, tapiado de “pampones”, instalación de sirenas y circulinas en asentamientos humanos, convenios con empresas de telefonía para dotar de celulares a los coordinadores de juntas vecinales, entre otros aspectos. Partir de la tesis de que el deterioro de un espacio urbano trae mayor deterioro y mejores condiciones para la actuación de la delincuencia.
7. Estandarización del Serenazgo. Los criterios para la formación profesional de los serenos, el vestuario, los instrumentos de defensa y protección, los equipos de comunicación, el patrullaje y los procedimientos deben ser uniformes, para una acción coordinada y eficaz, tanto entre serenos de distintos distritos como con la Policía Nacional.
8. Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Capacitación de sus integrantes, dotación de equipos de comunicación y elaboración de procedimientos comunes para una acción integrada que evite poner en peligro su integridad física o que se maltrate a inocentes y/o que violenten derechos ciudadanos.
Algunas de estas medidas y muchas otras, no requieren de grandes presupuestos. Solo se necesita vocación de servicio, voluntad de cambio y liderazgo de carácter. Sin buscar protagonismos, creemos que ha llegado la hora de un cambio estructural en la Policía Nacional y de una acción estratégica eficaz a nivel local. El Presidente de la República, el Ministro del Interior, los congresistas, los presidentes regionales, los alcaldes y los líderes sociales, tienen la palabra.
(*) Consultor Político y Social.
BAJADO DE http://www.elinformanteperu.com/opinion.php?idarticulos=60972
