lunes, 21 de noviembre de 2011
Penalizar o despenalizar
COLUMNA Dra. MARÍA ISABEL GONZÁLES NÚÑEZ
Juez superior camaná
21 de noviembre de 2011
En tiempos en los que estamos viviendo en nuestro país, en que se considera que la solución para el incremento de la violencia se encuentra en el derecho penal, si aumenta la delincuencia en determinado tipo penal o comportamiento, entonces no se vacila en sugerir que se incremente la pena o si la conducta no está tipificada, entonces que sea criminalizada; recordamos lo que Elena Larrauri nos dice: si en la década de los sesenta la consigna más oída era descriminalizar porque el derecho penal nos ataca, ahora parecía ser criminalizar porque el derecho penal nos protege; si los años sesenta habían sido pródigos en denunciar el carácter legitimador del derecho penal, ahora se subrayará su carácter limitador.
Recordemos la función del derecho penal es doble: por una parte debe lograr la seguridad jurídica, entendida como la protección de bienes jurídicos, y por otra, de defensa social; por su parte la pena al menos en teoría va a tener un efecto de prevención general, en el sentido de disuadir del delito a aquellos que no han delinquido; y de prevención especial, en tanto que a la pena se le asigna un efecto sobre el delincuente: el que no vuelva a cometer delitos; pero en la práctica somos testigos que la prisión, no funciona como un readaptador social, pues sólo cumple una función de contención y únicamente en algunos casos; por otro lado si realizamos un estudio concienzudo y crítico de nuestro Código Penal al igual que otras legislaciones de países vecinos, nos podemos dar cuenta de que no todos los bienes jurídicos que merecen tutela penal están comprendidos en los tipos penales; además, que algunos tipos penales no cautelan bienes jurídicos, mientras que otros protegen zonas de la realidad que no deberían, por razones de importancia, estar confiados a la tutela penal; peor aún cuando la legislación no sigue una política criminal sino se deja guiar por la coyuntura y las sanciones conminadas no guardan proporción al bien jurídico lesionado o puesto en peligro.
Surge, así, una gran duda acerca de la función del derecho penal, sobre todo si se toma en consideración la opinión, fundada en investigaciones, que el sistema de justicia penal genera, en ocasiones, más violencia de la que trata de evitar, tal como lo desarrolló el maestro Raúl Zaffaroni; entonces que es lo que buscamos generar más violencia o evitarla, siendo la respuesta obvia, ello nos plantea un reto reexaminar nuestro sistema penal procurando que se encuentre en el sistema sancionador solo aquellas conductas que verdaderamente resulten lesivas para las bases mismas de la convivencia en sociedad y la de no producir violencia ni vulnerar bienes jurídicos cuando se ejercita esa potestad sancionadora desechando el tabú que el derecho penal lo debe solucionar todo y buscar medios alternativos para la solución de conflictos que hoy tienen trascendencia pena
Recordemos la función del derecho penal es doble: por una parte debe lograr la seguridad jurídica, entendida como la protección de bienes jurídicos, y por otra, de defensa social; por su parte la pena al menos en teoría va a tener un efecto de prevención general, en el sentido de disuadir del delito a aquellos que no han delinquido; y de prevención especial, en tanto que a la pena se le asigna un efecto sobre el delincuente: el que no vuelva a cometer delitos; pero en la práctica somos testigos que la prisión, no funciona como un readaptador social, pues sólo cumple una función de contención y únicamente en algunos casos; por otro lado si realizamos un estudio concienzudo y crítico de nuestro Código Penal al igual que otras legislaciones de países vecinos, nos podemos dar cuenta de que no todos los bienes jurídicos que merecen tutela penal están comprendidos en los tipos penales; además, que algunos tipos penales no cautelan bienes jurídicos, mientras que otros protegen zonas de la realidad que no deberían, por razones de importancia, estar confiados a la tutela penal; peor aún cuando la legislación no sigue una política criminal sino se deja guiar por la coyuntura y las sanciones conminadas no guardan proporción al bien jurídico lesionado o puesto en peligro.
Surge, así, una gran duda acerca de la función del derecho penal, sobre todo si se toma en consideración la opinión, fundada en investigaciones, que el sistema de justicia penal genera, en ocasiones, más violencia de la que trata de evitar, tal como lo desarrolló el maestro Raúl Zaffaroni; entonces que es lo que buscamos generar más violencia o evitarla, siendo la respuesta obvia, ello nos plantea un reto reexaminar nuestro sistema penal procurando que se encuentre en el sistema sancionador solo aquellas conductas que verdaderamente resulten lesivas para las bases mismas de la convivencia en sociedad y la de no producir violencia ni vulnerar bienes jurídicos cuando se ejercita esa potestad sancionadora desechando el tabú que el derecho penal lo debe solucionar todo y buscar medios alternativos para la solución de conflictos que hoy tienen trascendencia pena
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Qué hacer con la violencia
Más del 25% de casos de violencia afecta a niños
Principales agresores son los padres o familiares.
El Ministerio de la Mujer informó que el 25.8 por ciento de las 27,780 denuncias registradas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) por violencia familiar y sexual tienen como víctimas a niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, según sus últimas estadísticas. De acuerdo a esos datos, el 69% de esas denuncias obedecen a agresiones físicas y psicológicas cometidas por padres u otros integrantes de la familia contra los menores; mientras que el resto responde a casos de violencia sexual.
Al respecto, la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, consideró que la ciudadanía en su conjunto debe sensibilizarse sobre la importancia de brindar un buen trato a los menores, para garantizar su libre desarrollo físico y emocional.
Durante una movilización realizada ayer desde el Ministerio del Trabajo hacia la avenida de la Peruanidad, como parte del 21 Aniversario de la Convención por los Derechos del Niño, la ministra afirmó que ese abuso debe ser sancionado severamente. El reporte estadístico de los CEM hasta agosto de 2011, también refiere que el 67% esas denuncias tienen como víctimas a mujeres. En total, esas denuncias por violencia familiar y sexual suman 7,166 en este año.
La mayoría de denuncias fueron presentadas en los CEM ubicados en distritos limeños como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo; y del Callao como Ventanilla; así como en ciudades como Piura, Cusco y Junín.
El Ministerio de la Mujer informó que el 25.8 por ciento de las 27,780 denuncias registradas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) por violencia familiar y sexual tienen como víctimas a niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, según sus últimas estadísticas. De acuerdo a esos datos, el 69% de esas denuncias obedecen a agresiones físicas y psicológicas cometidas por padres u otros integrantes de la familia contra los menores; mientras que el resto responde a casos de violencia sexual.
Al respecto, la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, consideró que la ciudadanía en su conjunto debe sensibilizarse sobre la importancia de brindar un buen trato a los menores, para garantizar su libre desarrollo físico y emocional.
Durante una movilización realizada ayer desde el Ministerio del Trabajo hacia la avenida de la Peruanidad, como parte del 21 Aniversario de la Convención por los Derechos del Niño, la ministra afirmó que ese abuso debe ser sancionado severamente. El reporte estadístico de los CEM hasta agosto de 2011, también refiere que el 67% esas denuncias tienen como víctimas a mujeres. En total, esas denuncias por violencia familiar y sexual suman 7,166 en este año.
La mayoría de denuncias fueron presentadas en los CEM ubicados en distritos limeños como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo; y del Callao como Ventanilla; así como en ciudades como Piura, Cusco y Junín.
El dato
Los denunciantes son atendidos gratuitamente por psicólogos, abogados y trabajadores sociales, que los ayudan a superar los problemas emocionales y sobrellevar los procesos judiciales que se entablen contra los agresores, aseguró García Naranjo.
Los denunciantes son atendidos gratuitamente por psicólogos, abogados y trabajadores sociales, que los ayudan a superar los problemas emocionales y sobrellevar los procesos judiciales que se entablen contra los agresores, aseguró García Naranjo.
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violencia contra la mujer
sábado, 19 de noviembre de 2011
Pueblo Libre: Lanzan campaña de seguridad ciudadana "Justicia para el vecino"
Lucha contra la delincuencia.
18 de noviembre de 2011
Foto referencial.
Mañana en los locales de Juzgados de Paz Letrado del distrito.
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC de Pueblo Libre, presidido por el alcalde Rafael Santos, ha programado la campaña “Justicia para el Vecino”, evento en el que los magistrados atenderán personalmente a los vecinos para informar y absolver dudas respecto a la administración de justicia en el marco de la lucha contra la delincuencia.
El evento se realizará este sábado 19 de noviembre en los locales de Juzgados de Paz Letrado del distrito, en la Av. Mariano Cornejo desde las 8 am. La atención será para elpúblico en general y también se ha previsto audiencias programadas.
Ana María Villacampa Flores, Secretaria Técnica del CODISEC, informó que esta campaña forma parte del plan de trabajo elaborado por este importante organismo distrital conformado por miembros representantes de del sector educativo, Salud, Poder Judicial,Ministerio Público, Juntas Vecinales, Compañía de Bomberos, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y Ministerio de la Mujer
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Seguridad ciudadana en el Perú
Valdés: “Binomio alcaldes-PNP es fundamental en seguridad ciudadana”
Ministro del Interior destaca articulación de esfuerzos para enfrentar la delincuencia
Lima, nov. 19 (ANDINA). El ministro del Interior, Óscar Valdés, sostuvo hoy que la articulación de esfuerzos en materia de seguridad ciudadana entre los alcaldes y la Policía Nacional del Perú (PNP) permitirá consolidar un binomio fundamental para enfrentar la delincuencia en el país.
Valdés Dancuart señaló que los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana cumplen un papel muy importante en dicha confluencia, a la cual también –dijo- deben sumarse las juntas vecinales y los serenazgos.
“La inseguridad ciudadana no solo está en Lima. La percibimos a escala nacional. Se están instalando los comités de seguridad ciudadana, que articularán el trabajo de la Policía, las juntas vecinales y los serenos”, manifestó el funcionario.
En momentos previos a participar en una audiencia vecinalsobre seguridad ciudadana en el distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, el funcionario también se refirió a las acciones ejecutadas por su sector en la lucha contra el narcotráfico.
Detalló que se están detectando los caminos empleados para el traslado de insumos químicos y los lugares de almacenamiento de los mismos, que son utilizados por las bandas de narcotraficantes para la elaboración de drogas.
En declaraciones a RPP, señaló que la coordinación entre los gobiernos locales y la PNP, así como las acciones para enfrentar el narcotráfico estarán consideradas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
El titular del Interior resaltó que las audiencias vecinales permiten abordar dichas problemáticas de manera directa entre el Estado y la población para “ponernos de acuerdo en un ordenamiento territorial para el desarrollo de actividades con seguridad”.
(FIN) JCJ/MVF
BAJADO DE http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-valdes-binomio-alcaldespnp-es-fundamental-seguridad-ciudadana-387233.aspx
“La inseguridad ciudadana no solo está en Lima. La percibimos a escala nacional. Se están instalando los comités de seguridad ciudadana, que articularán el trabajo de la Policía, las juntas vecinales y los serenos”, manifestó el funcionario.
En momentos previos a participar en una audiencia vecinalsobre seguridad ciudadana en el distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, el funcionario también se refirió a las acciones ejecutadas por su sector en la lucha contra el narcotráfico.
Detalló que se están detectando los caminos empleados para el traslado de insumos químicos y los lugares de almacenamiento de los mismos, que son utilizados por las bandas de narcotraficantes para la elaboración de drogas.
En declaraciones a RPP, señaló que la coordinación entre los gobiernos locales y la PNP, así como las acciones para enfrentar el narcotráfico estarán consideradas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
El titular del Interior resaltó que las audiencias vecinales permiten abordar dichas problemáticas de manera directa entre el Estado y la población para “ponernos de acuerdo en un ordenamiento territorial para el desarrollo de actividades con seguridad”.
(FIN) JCJ/MVF
BAJADO DE http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-valdes-binomio-alcaldespnp-es-fundamental-seguridad-ciudadana-387233.aspx
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Seguridad ciudadana en el Perú
jueves, 17 de noviembre de 2011
Gustavo Gorriti: Aún estamos lejos de ser un narcoestado
7 de noviembre de 2011
Narcotráfico e inseguridad ciudadana
Gustavo Gorriti: Aún estamos lejos de ser un narcoestado
gorriti_btr6050044.JPG
Periodista incide en algunos mitos sobre ambas problemáticas en nuestro país
"¿Saben cuál es el índice de homicidios en el Perú? De 5 por cada 100 mil habitantes. Solo Chile lo tiene más bajo entre los hispanoparlantes", escruibe Gustavo Gorriti en su columna de hoy en la revista Caretas.
Si bien los problemas abundan...¿Estamos cerca de ser gobernados por el crimen organizado? ¿Es cierto lo que algunos dicen que Perú puede convertirse en un narcoestado más pronto que tarde? Gorriti lo analiza aquí:
Homicidios, Santos y Reformas, columna de Gustavo Gorriti en la revista Caretas
¿Cuál creen que es el país con más alta tasa de homicidios en el mundo? La pequeña Honduras, aunque no lo parezca. Si México padeció 18.1 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2010, Honduras alcanzó nada menos que 82, casi cinco veces más.
El reciente estudio global sobre homicidio (Global Study on Homicide) publicado este año por la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) compara datos mundiales del año 2010 y provoca, por ahora, muchas más preguntas que respuestas.
Por lo pronto, confirma lo que otros estudios menos recientes, ya habían ilustrado con claridad: Latinoamérica es la región con más alto índice de homicidios en el mundo.
¿Por qué? Entre 1960 y el fin del siglo XX, Latinoamérica sufrió insurrecciones y contrainsurgencias en todo el continente. No fueron simultáneas sino pendulares yprobablemente costaron la vida de medio millón de personas. Pero casi todas terminaron hace varios años.
La desigualdad social es otro factor, aunque su correlación con la violencia no es clara. Uno de los países que se reclama más reformista en lo social, Venezuela, es también una de las naciones más asoladas por la criminalidad violenta. Su tasa de homicidios, de 49 por cada 100 mil personas, según la UNODC, es superior a la de Colombia, de 33.4. (Un reportaje reciente de Jackson Diehl, del Washington Post, afirma que la tasa real de homicidios en Venezuela es de 60 por cada 100 mil, “más del doble que Colombia, antes renombrada por su violencia”).
El narcotráfico, fundamentalmente el de cocaína, es el delito que integra verticalmente al Hemisferio. Y a primera vista, descartadas otras razones, pareciera ser la causa de la extraordinaria letalidad de nuestro continente.
Véase, por ejemplo, los más significativos hechos de violencia acaecidos este mes.
- En Rio de Janeiro, centenares de comandos policiales apoyados por helicópteros y blindados de la Fuerza Armada brasileña, ocuparon la favela Rocinha el domingo 13, en un operativo con nombre oximorónico: ‘Choque de paz’. Rocinha está cerca de algunas de las áreas más opulentas de Rio, y el narcotráfico es el negocio principal de los grupos criminales que la controlaban.
- En México, el ministro del Interior (o secretario de Gobernación), Francisco Blake murió al estrellarse el helicóptero que lo llevaba a Cuernavaca.
Después de decenas de miles de muertos en la guerra del gobierno mexicano contra las organizaciones criminales (que, dada la corrupción existente, es muchas veces la guerra del Estado contra sí mismo), la muerte por accidente aéreo del secretario de Gobernación –tres años después de la de su predecesor Juan Camilo Mouriño, también por accidente aéreo– promovió todas las teorías conspirativas posibles, incluyendo la numerología siniestra en el día capicúa (11-11-11). Es que en una ‘guerra’ que ha tenido en sus capítulos recientes la confrontación letal entre hackers y Zetas, cualquier cosa es posible.
- En Colombia, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos logró abatir al jefe de la Farc, “Alfonso Cano”, el 4 de este mes. Fue obviamente un durísimo golpe para la hoy más vieja organización insurgente en el mundo; aunque queda por ver cuál va a ser el resultado final del remplazo de ‘Cano’, inclinado a la negociación, por un duro como el nuevo jefe insurgente ‘Timochenko’. Pese a su trasfondo ideológico, la Farc está vinculada con el narcotráfico (como casi todos los otros actores de la violencia en Colombia).
Quizá por eso, los defensores de la ortodoxia en la llamada ‘guerra contra las drogas’ impulsada por Estados Unidos durante los últimos 30 años, sostienen que, dado que el Perú se ha convertido en el primer productor de cocaína en el mundo, la situación es dramática, que se ha retrocedido mucho y que corremos el riesgo de convertirnos ‘en un narcoestado’.
El argumento, sobre lo mal que estamos se ha hecho particularmente estridente desde que el más bien pacífico y apaciguador (aunque crítico de las políticas tradicionales) Ricardo Soberón se hiciera cargo de Devida.
Las reservas expresadas por Soberón sobre lo contraproducente de la erradicación, por ejemplo, han suscitado histéricos ataques, en los cuales se menciona los éxitospresuntamente espectaculares de la erradicación en Colombia (sobre cuyas falacias escribí en Caretas 2198, del 15 de setiembre).
Debatir sobre estrategias alternativas de lucha contra el narcotráfico, para superar la cadena de fracasos y agravamiento del problema que trajo la posición oficial estadounidense en Latinoamérica, ha sido atacado en varios casos casi como si fuera complicidad con el narcotráfico.
En estos días, sin embargo, una voz nueva y elocuente se ha unido a aquellos que exigen revisar a fondo y discutir las estrategias de lucha contra el narcotráfico.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dijo, en declaraciones recientes publicadas en The Observer (y reseñadas en un artículo de John Mulholland en The Guardian, publicado el sábado pasado), que “el mundo necesita discutir nuevas perspectivas… continuamos pensando con el mismo modelo que hace 40 años”.
El nuevo análisis y el cambio, dijo Santos, debía buscar “intentar arrebatar la violenta rentabilidad que da el narcotráfico… si eso significa la legalización y el mundo cree que esa es la solución, yo le daré la bienvenida. No estoy contra ella”.
Político pragmático antes que nada, Santos añadió, sin embargo, que Colombia no tomaría una acción unilateral: “No me convertiré en la vanguardia de ese movimiento porque me crucificarían… pero participaría con gusto en esa discusión…”. La razón para hacerlo fue expresada con inusual elocuencia por el presidente colombiano: “Nosotros perdimos a nuestros mejores jueces, nuestros mejores políticos, nuestros mejores periodistas, nuestros mejores policías, en esta lucha contra las drogas y el problema sigue ahí”.
Yo pienso que puede evitarse la legalización de la cocaína, si se lleva a cabo un combate eficaz contra el crimen organizado y se lo combina con acciones eficaces de educación, salud pública, mitigación del daño causado por las drogas; a la vez que se deja de perseguir a los grupos más débiles y pobres: los campesinos cocaleros, sobre todo.
La lucha contra el crimen organizado es fundamentalmente la lucha contra la corrupción. Y si hay la suficiente entereza, integridad y competencia, se lo puede vencer.
En el proceso, sin embargo, es necesario discutir abierta y honestamente todas las alternativas. No intentar hacer pasar la propaganda como análisis o razonamiento ni menos tratar de descalificar a quienes piensan, menos mal, en forma diferente.
¿Está el Perú, por ejemplo, en riesgo de convertirse en un narcoestado? En los últimos 40 años, nunca estuvo más lejos de ese peligro que hoy.
La economía de la droga es mucho menos importante ahora que antes; no hay grandes organizaciones de narcotráfico y la violencia es mucho menor en el Perú que la que existe en otras naciones.
El informe de la UNODC posee la enfática elocuencia de las hojas de cálculo: Si Honduras tiene 82 homicidios por cada 100 mil habitantes; El Salvador, 66; Guatemala, 41; México, 18; Brasil, 22; Colombia, 33; Venezuela, 49 ( o 60); ¿saben cuál es el índice de homicidios en el Perú? De 5 por cada 100 mil habitantes. Solo Chile lo tiene más bajo entre los hispanoparlantes.
Lo que menos nos falta es problemas. Pero de ahí a distorsionar la realidad y afirmar que estamos a punto de ser conquistados por el crimen organizado y convertirnos en un narcoestado, hay la gran diferencia entre la exactitud y la falsedad. En el pasado tuvimos ese peligro, y de hecho fuimos gobernados por narcotraficantes. Pero hoy no existe ni el problema ni, menos, el peligro. (Gustavo Gorriti)
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Se incrementó cifra de filicidas este año
Viernes 18 de noviembre del 2011
Víctimas de sus propios padres, reflejan desórdenes sicológicos en mayoría de casos.
Cifras alarmantes revelan que durante este año se incrementó el número de hijos asesinados a manos de sus padres pero aun más inquietante es saber que un centenar de padres intentaron acabar con las vidas de sus menores hijos pero sin éxito. En el 2011 se han registrado 34 casos de padres que asesinaron a sus hijos y los filicidas luego se suicidaron o pretendieron hacerlo, afirmó el jefe del área de Prevención de Suicidios del Hospital Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, Freddy Vásquez.
El especialista señaló que esta cifra es mayor a la del año pasado, periodo en el que se registraron 28 casos en total. Vásquez refirió que aunque en el 2009 hubo varios casos de papás involucrados en suicidios-filicidios, son las madres abandonadas por sus parejas las que en su mayoría asesinaron a sus hijos.
“En estos casos existe una profunda depresión de la madre, porque la pareja la abandonó y además tienen grandes carencias económicas y emocionales. Ellas piensan que (eliminándolos) les van a aliviar el problema a sus hijos y se van a aliviar a sí mismas”, apuntó.
Vásquez refirió que en nuestro país existe la cultura de que a la madre o a la mujer alguien la tiene que mantener económicamente, y por eso, en algunos casos, cuando la pareja se va la madre entra en desesperación y depresión. Comentó por ello que es importante que los padres eduquen a sus hijos o hijas, desde pequeños, a enfrentar las dificultades por sí mismos, dentro de sus posibilidades, enseñanza que les servirá para el resto de sus vidas.
Madre sicópataEl especialista se refirió también al caso de Isabel Mirella Tello Chanduví, la mujer de 31 años acusada de asesinar en el distrito de San Miguel a su hija de 9 años, quien además fue violada y sometida a diferentes torturas cuando estaba aún con vida.
“Este es un caso atípico en el que hubo maltrato repetido, crueldad e insanía, porque a la niña le introdujeron objetos en sus partes íntimas, le raparon el cabello y le cosieron los labios, y finalmente la asesinaron. Es muy probable que quien hizo todo eso tenga una personalidad psicopática”, subrayó.
Añadió que la personalidad psicopática no sólo puede estar en el caso Tello Chanduví, sino en los otros de suicidio-filicidio, y por ello, enfatizó, todos los casos deben recibir ayuda profesional previa, a fin de evitar tragedias.
“Muchas veces vemos que los vecinos, amigos o familiares están involucrados en situaciones de violencia familiar. Si nos callamos somos cómplices de la violencia, por eso debemos alentar a estas personas a que reciban ayuda profesional”, insistió.
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