Hay palabras que justifican cualquier cosa. ‘Reingeniería’ es una de ellas. Es que se puede llamar así casi a todo. Desde una reforma hasta una purga. La evocación de engranajes y mesa de diseño que contiene el término oculta la posibilidad de que en ella surja un Frankenstein.
El ministro del Interior, Óscar Valdés, ha justificado el abrupto pase al retiro de 30 generales de la Policía como “el inicio de una reingeniería en esa institución con el objetivo de establecer una pirámide meritocrática”.
Valdés insistió que “esta es una medida estudiada, es una reingeniería”, que era “indispensable para enfrentar los problemas del terrorismo, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana”.
¿Cómo surgió la ‘medida estudiada’? El 18 de agosto, el presidente Humala ordenó (esa fue la palabra que utilizó) al ministro del Interior, una “evaluación del desempeño de los generales que conforman el alto mando policial”, en el plazo de 60 días.
Eso ocurrió durante la primera sesión, bajo el nuevo régimen, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya presidencia fue asumida por el propio Humala con el objetivo, precisamente, de mejorar la situación de seguridad ciudadana.
De manera que, en un sentido literal, Valdés cumplió la orden incluso con antelación. Y antes de los 60 días se pasó de la evaluación a la ejecución.
De un día para el otro se pasó al retiro a 30 generales. Quedan ahora 18 en servicio activo. (Y otros ocho de servicios).
¿Era necesaria una poda tan radical, de pasar al retiro el 63% de los generales en actividad?
Una poda era necesaria. Incluso muy necesaria.
Pero hay más de un problema con esta poda. O, más bien, con esta purga.
Si la “reingeniería”, es decir, la purga de Valdés se hizo para mejorar la seguridad ciudadana, ¿por qué se mandó al retiro al general más capacitado en problemas de seguridad ciudadana en el Perú?
Y si la “reingeniería” es para enfrentar y disminuir la corrupción, ¿por qué se pasó al retiro a un general que el año pasado impuso rigor a un coronel que se presentó borracho al servicio durante las elecciones regionales de 2010, y se dejó en el activo al sancionado que, pese a su descalificadora falta, logró ser ascendido a general a fin del año pasado por el régimen de García?
El único criterio que definió la purga fue el cronológico: si eres más antiguo en el grado de general que Raúl Salazar, el nuevo director general, estás fuera. Si eres más reciente (de dos años para abajo en el puesto), bueno o malo, te mantienes en servicio activo.
Se dirá que cuando se nombra a un general como director general (en el caso de la PNP) o comandante general (en el caso de las FFAA), los más antiguos en el grado pasan necesariamente al retiro.
Pero entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Poner a generales junior en el comando o mejorar la seguridad ciudadana y luchar contra la corrupción?
Hasta ahora, lo único claro es que en el Ministerio del Interior, además de la inexperiencia, ha regido la arbitrariedad como sistema.
Eso puede servir a muchas cosas: a agendas ocultas, por ejemplo; pero no sirve ni servirá para luchar eficazmente contra la criminalidad o para combatir la corrupción que padece la Policía (y la Fuerza Armada también, no se olvide ni por un momento).
Que hablen los hechos: Entre todos los generales de la Policía en actividad hasta el fin de semana pasado, no cabe duda que el mejor preparado, y con distancia, en temas de seguridad ciudadana, era el general PNP Eduardo Arteta Izarnótegui. Arteta conocía mucho mejor que cualquier otro general en actividad (y no se diga ministro), los principios y la praxis de la policía comunitaria. Ya he escrito cómo su éxito en La Libertad, en los meses previos a los procesos electorales de 2010, hizo que algunos caciques apristas del departamento, sobre todo Luis Alva Castro, presionaran para que lo saquen y pongan a otro jefe más sumiso y maniobrable.
PESE a las protestas de las juntas vecinales de Trujillo, Alan García ordenó sacar al general del puesto. Arteta fue enviado a Tumbes, porque más al norte ya no se podía, donde permaneció hasta la salida de García. Luego, como parte de los cambios súbitos de destino que se han dado desde que Valdés asumió el ministerio, Arteta se halló destinado a la recién creada jefatura de Lima Norte. Parecía no solo una reivindicación para un maltrato que fue fruto de la inmoralidad política, sino la oportunidad de poner en práctica los principios de policía comunitaria en el área norte de la capital.
Se trata, en esencia, de los mismos principios, de cercanía con la población, de trabajo con sus organizaciones, que, en ciudades como Rio de Janeiro, por ejemplo, han logrado progresos que las medidas punitivas, militarizadas, no consiguieron jamás.
Pero, menos de un mes después de nombrado, el ministro mandó bruscamente al retiro (sin siquiera la cortesía de una carta personal) al mejor general en el campo de seguridad ciudadana.
El otro hecho mencionado: en octubre del año pasado, el entonces coronel PNP, Adolfo Semino, que servía en el Frente Huallaga, fue sancionado con un año de pase a disponibilidad por una “infracción muy grave”: haberse dedicado al “consumo de bebidas alcohólicas” cuando se encontraba como comando operativo durante las elecciones municipales. El jefe del Frente Huallaga ese año, bajo cuyo mando estaba Semino, fue el general Marlon Savitsky.
Pese a su sanción, Semino ascendió a general, mediante los juegos de influencias que definieron buena parte de los ascensos policiales altos durante el régimen aprista. El general Savitsky, a su turno, después de un buen desempeño en el Huallaga, pasó a hacerse cargo de la jefatura policial de Trujillo.
Ahora, Savitsky ha sido pasado al retiro y Semino se ha quedado. Brillante faena del reingeniero Valdés, ¿no les parece?
HAY que observar, empero, que el pase al retiro de varios de los 30 generales estuvo justificado. Por corruptos, incompetentes o ambas cosas a la vez. También es totalmente cierto que había una inflación de generales. (Algo no muy diferente, de paso, tanto en corrupción como en inflación, sucede en el Ejército).
Pero, dado el problema, ¿a quién se le ocurre descabezar en grupo, a los mejores junto con los peores, a los buenos junto con los malos? Así, ¿se quiere mejorar la institución o se quiere debilitarla?
¿Cuándo sucedió algo similar? En 1990, luego que Fujimori asumiera la Presidencia. Montesinos hizo nombrar a un militar, el general Adolfo Alvarado Fournier, como ministro del Interior y poco después vino la purga. Salieron algunos malos junto con policías excelentes. Entre estos últimos estuvo el hoy jefe del CORAH, el general PNP (r) Juan Zárate Gambini. Entonces, alguna gente no comprendió qué pasaba. Ahora, hasta los que estuvieron de excursión por Ganímedes lo saben.
El presidente Humala juró que tanto Interior como Defensa iban a tener ministros civiles. Al nombrar a dos militares retirados, no faltó formalmente al juramento. Pero la experiencia demuestra que es un grave error poner a militares, en actividad o retiro, a dirigir la Policía. Ha habido muchos y, salvo escasísimas excepciones, la mayoría ha sido un desastre: Artola, Richter, Velit, Alvarado Fournier, Malca, Villanueva Ruesta… El objetivo de muchos de esos militares fue tener una Policía envilecida y sojuzgada. En varios casos lo consiguieron, aunque nunca dejó de haber magníficos policías, así como hubo y hay extraordinarios militares.
Se dirá que ahora es diferente. Que el sojuzgamiento de la Policía por los militares ya no sería un atavismo, ni un gen recesivo, sino una tara. Pero lo que se ve no es tranquilizador. (Gustavo Gorriti)
