¿Por qué la (in)seguridad ciudadana en Latinoamérica?
Por Heraldo Muñoz
América
Latina ha tenido un destacado desempeño económico en la última década,
acompañado por una reducción significativa en los niveles de pobreza y, en
algunos países, también en los niveles de desigualdad. Si comparamos la
situación actual con lo que sucedía hace dos décadas, la región tiene hoy en
día economías más fuertes e integradas, democracias más consolidadas, así como
Estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social. Pero
el flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad.
Con
intensidades diferenciadas entre países, la región sufre de una epidemia de
violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como
por el aumento del temor entre los ciudadanos. Entre 2000 y 2010 la tasa de
homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones
del mundo descendió. Si consideramos los países que tienen información entre
1980 y principios de 1990, en comparación al momento actual, encontraremos que
los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años. Más aún, 1 de cada 10
robos se producen con violencia, en su gran mayoría a través del uso de armas
de fuego y 1 de cada 10 latinoamericanos han sido víctimas de violencia
intrafamiliar. En un día típico en América Latina 460 personas sufren las
consecuencias de la violencia sexual; la mayoría son mujeres.
El
deterioro de la seguridad no se ha dado de manera homogénea. Cuando
desagregamos los delitos por países encontramos dos Américas Latinas: una en la
cual la violencia letal es la que más aqueja a la población, con países que
sufren verdaderas espirales de violencia, y otra en la que los niveles de
homicidio son relativamente bajos, pero en la que el aumento repentino y
considerable de los delitos patrimoniales ha disparado la percepción de
inseguridad en la ciudadanía. Al mismo tiempo, al interior de los países la
situación es heterogénea, con municipios y estados que tienen indicadores
comparables a los países de Europa y lugares en los que la violencia letal es
incluso mayor a la de países en guerra.
Los
latinoamericanos tenemos menos pobreza, menos desigualdad y democracias
relativamente estables en la región, pero mayores niveles de inseguridad. ¿Qué
ocurrió?
Esta
es una de las preguntas centrales que ha asumido el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) a través de la elaboración en curso de un Informe de
Desarrollo Humano para América Latina, el cual tiene como tema central la
seguridad ciudadana. El informe señala cuatro claves para responder a esta
pregunta. Primero, los Estados de la región siguen teniendo
déficits de capacidades en materia de justicia y seguridad.
Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan
sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las
instituciones de justicia y policía. Es justamente a la luz de estos déficits
que la privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a
profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los
retos que atraviesa el Estado como principal garante de la seguridad ciudadana.
Segundo,
el informe constata que la región ha crecido más en cantidad
que en calidad: continúa teniendo fragilidades en el empleo, rezagos en la
inclusión de las poblaciones más jóvenes, crecimientos urbanos acelerados
acompañados de fracturas en el tejido social y de clases medias vulnerables.
Tercero,
los vínculos comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad
han perdido su fuerza en algunos contextos como tensores sociales que permiten
desarrollar formas positivas de convivencia. La inseguridad ha reconfigurado el
tejido social en las sociedades latinoamericanas reduciendo los espacios de
cooperación, confianza y participación ciudadana y propiciando, en algunos
casos, formas de organización distorsionadas por el temor y la desconfianza
como la llamada “justicia por mano propia.”
Cuarto,
la multiplicación y agudización de las amenazas a la seguridad
tanto en espacios privados como públicos limitan gravemente las capacidades y
libertades de los latinoamericanos. Si bien el crimen
organizado ha ganado notoriedad como dinamizador de la violencia y el crimen a
nivel local y transnacional, la afectación cotidiana de los ciudadanos revela
que están expuestos a muchas otras amenazas como el delito callejero, la
violencia de género y la violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, y
que dichas amenazas se entrecruzan y retroalimentan en la práctica.
Estas
cuatro claves revelan la complejidad y multiplicidad de los problemas que
subyacen a la inseguridad ciudadana. Más aún, exigen pensar en respuestas
integrales de política pública, incluyendo el papel de los actores no estatales
y de la comunidad internacional. Sabemos bien que hay que pasar de la reflexión
a la acción, con respuestas creativas e innovadoras, aprendiendo de los
aciertos y las fallas. De ahí que el objetivo más importante del Informe de Desarrollo
Humano para América Latina 2013 –que cuenta con la colaboración de
distinguidos especialistas, representantes del quehacer público y la sociedad
civil–, sea contribuir a la creación de mejores y más efectivas políticas
públicas en aras de proteger a las y los ciudadanos de América Latina.
© Revista Humanum
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