lunes, 2 de febrero de 2015
martes, 27 de enero de 2015
Teoria economica del crimen
Por Laura JaitmanBecker suponía que los criminales son individuos que actúan racionalmente y buscan maximizar su bienestar. Todos tratamos de elegir las mejores opciones, los mejores trabajos dentro de nuestras posibilidades, para maximizar nuestro bienestar.
Lo que distingue a los potenciales criminales es que ellos están también dispuestos a realizar actividades ilegales para conseguir ese objetivo.
¿Que implica que sean racionales? En términos muy simples, implica que eligen la mejor opción que está a su alcance dadas sus restricciones, y que no se contradicen en sus decisiones (en otras circunstancias, con el mismo menú de opciones disponibles, volverían a elegir la que escogieron antes).
En este marco, los individuos cometen actos criminales si los beneficios de hacerlo superan los de las actividades legales. Es decir, si el beneficio económico de delinquir (o sea el auto o el celular robado) supera el costo esperado de cometer el delito, que está influenciado por la severidad y la certeza de la pena que afrontan. Los criminales comparan el beneficio neto de delinquir con el de realizar actividades legales, y eligen lo más rentable.
El problema en nuestra región es que el beneficio esperado de cometer crimines es más alto que el que derivan de otras actividades. Hay varias razones por esto
Un factor importante que distingue a la región del resto del mundo en desarrollo es su alta tasa de urbanización. Se ubica en torno al 80% (superior a la tasa promedio de 50% de los países en desarrollo), y similar a la tasa de Europa o Corea. Este proceso de urbanización ocurrió muy rápido, con millones de personas desplazándose a la ciudad y sin una adecuada planificación. Como resultado, las ciudades enfrentan grandes desafíos en la provisión de servicios como infraestructura, educación, salud y una gran deficiencia en la seguridad ciudadana.
En el contexto del modelo, podemos pensar que zonas con deficiente y desigual cobertura de servicios básicos, concentran factores de riesgo que contribuye a las mayores tasas de crimen y violencia. La desigualdad de oportunidades, hace que la población en peor situación vea al crimen relativamente más rentable que las actividades legales a las que tendría acceso. El deterioro de los espacios urbanos, como la falta de iluminación o pavimento tiende a incrementar las probabilidades de delitos, ya que las zonas en malas condiciones, con infraestructura dañada, pueden ser un indicador de ausencia del estado y por ende, zonas de baja probabilidad de ser arrestados y condenados.
La teoría de la prevención situacional de la violencia, justamente se basa en esta premisa: mejorar los espacios urbanos contribuye a reducir el crimen.
Respecto de la policía, que es un actor clave para disuadir y reducir el crimen, en la región observamos gran heterogeneidad. En la actualidad varias ciudades están atravesando un proceso de modernización y equipamiento de sus policías. Por ejemplo el BID está financiando programas de mejora de la gestión y el uso de sistemas de información, y análisis criminal en Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay, entre otros. O en Honduras el BID está cambiando la curricula de la policía para que sea más acorde al contexto actual.
Todas estas intervenciones, en términos de la economía del crimen, tienen como objetivo aumentar la efectividad de la policía, incrementar la pena esperada a través de la probabilidad de que los delincuentes sean aprehendidos, y que los crímenes sean esclarecidos, y así disuadir y reducir el crimen.
Finalmente, los indicadores del sistema de justicia penal en la región varían mucho entre países, pero en promedio se encuentran lejos de los estándares internacionales. Smit y Harrendorf proveen cifras para 2006 en distintas regiones. El porcentaje de detenidos por cada 100 delitos denunciados en Estados Unidos era de 70, y es menos de la mitad de eso en América Latina y el Caribe. El porcentaje de adultos procesados por cada 100 delitos denunciados en Europa (Occidental y Oriental) era de 30 y alrededor de 14 en América Latina y el Caribe. Finalmente, el porcentaje de condenados cada 100 delitos en Canadá fue 9 y en nuestra región, 4.
Cifras más actuales para la región siguen apuntando en la misma dirección. Por ejemplo, en México de cada 100 crímenes registrados solo 8 iniciaron una investigación policial preliminar en 2012 según datos del INEGI o en Honduras solo el 21% de los crímenes reportados a la policía cuenta con un informe de investigación completo (Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana BID, 2014).
Bajo el prisma de la economía del crimen, la muy baja probabilidad de castigo en América Latina y el Caribe es consistente con las elevadas tasas de crimen que se observan en la región en comparación con el mundo desarrollado en donde los potenciales criminales racionales son disuadidos, entre otras cosas, por una mayor probabilidad de aprehensión y de ser condenados.
La prevalencia de la impunidad, en este marco, incentiva la comisión de delitos.
Si bien este es solo uno de los enfoques posibles para entender las decisiones de los agentes, es lo suficientemente general como para interpretar otros enfoques.
Programas sociales que disminuyen el delito
- Por ejemplo, los centros comunitarios que mejoran la educación, las capacidades y el comportamiento de los jóvenes aumentaría su retorno de trabajar, y por ende reducirían el crimen.
- Tratar ofensores de violencia doméstica, cambiaría sus preferencias en términos de cómo resuelven sus conflictos en el hogar, y al reducir el beneficio esperado de actuar violentamente, se reduciría el crimen.
- Estrategias policiales basadas en análisis criminal, como el patrullaje preferencial de puntos calientes del crimen (conocidos como hotspots), aumentaría la probabilidad de arresto, y reduciría el crimen.
- Tener policía comunitaria más cercana al ciudadano y con mayor presencia en el territorio, podría aumentar la condena esperada y reduciría el crimen.
- Mayor acceso a la justicia, aumentaría la tasa de esclarecimiento de los casos, aumentando el castigo esperado para los criminales, con lo cual, también se reduciría el crimen.
- Por último, el buen uso de la tecnología por parte de la policía y la justicia, como las cámaras de seguridad, que ayude a la resolución de los casos o a disuadir el crimen, aumenta el costo esperado de delinquir y reduciría el crimen. Respecto a las cámaras, la evidencia disponible sobre su efecto proviene en su mayoría de EEUU y el Reino Unido. Los estudios rigurosos muestran efectos moderados pero positivos, especialmente para ciertos tipos de delitos como el robo de autos y en general no hay desplazamiento a otras áreas. En la región no hay evaluaciones rigurosas de las cámaras.
La cuestión económica clave en relación a los costos de la reducción del crimen se centra en qué cantidad de recursos deben destinarse a combatir el crimen, y en cómo asignar esos recursos entre los diferentes operadores del sistema de justicia penal, como la policía, los tribunales y las cárceles, y en otras intervenciones de prevención social de la violencia.
Para ello, generar conocimiento de que funciona y que no funciona, y que es costo-efectivo, es clave y es una tarea pendiente en la región en la que el BID tiene un rol fundamental. Queremos que exista información detallada sobre el crimen y la violencia para que todos los actores – la policía, la justicia, incluso la sociedad civil – puedan enfocar mejor sus acciones de prevención. Y también buscamos que los programas sean rigurosamente evaluados, para saber qué funciona y qué no funciona, para así compartir las mejores prácticas en toda nuestra región.
Foto: Flickr CC Dan Moyle
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Laura Jaitman es especialista en Seguridad Ciudadana del BID, desempeñándose en el área de conocimiento. Sus principales temas de investigación son economía del crimen, evaluación de políticas para prevenir y reducir el delito, y economía política. Antes de unirse al BID ha trabajado como consultora por una década para el Banco Mundial, el BID y J-PAL en temas de evaluación de impacto de políticas públicas en distintos países de América Latina. Jaitman es Doctora en Economía de University College London, Reino Unido; Master en Economía de la Universidad de San Andres, Argentina, y Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina
BAJADO DE http://blogs.iadb.org/sinmiedos/2015/01/22/una-introduccion-la-teoria-economica-del-crimen/
domingo, 28 de diciembre de 2014
Uruguay: Nuevo concepto de cárcel permite a los presos volver a una vida sin violencia
El sistema carcelario uruguayo ha implementado una nueva manera de administrar un penal con resultados exitosos. En la cárcel de Punta de Rieles, cuyo nivel puede compararse con las de Noruega o Dinamarca, los presidiarios viven como si estuvieran en un pueblo, trabajan y hasta tienen su propia radio.
Confeccionar bloques de cemento, pintar repuestos de un auto o cocinar alimentos para su posterior venta. Todas esas actividades coexisten en el seno de la Unidad Penitenciaria Punta de Rieles, en las afueras de Montevideo, que alberga a 600 personas y busca la resocialización sin violencia.
Concepto de la cárcel como un pueblo
"Nos gusta pensarla más como un pueblo, que tenga una dinámica de vida lo más parecido posible al exterior", explica Rolando Arbesún, director del complejo. "Eso implica un volumen de trabajo bastante importante, actividades muy importantes, pero también mucha presencia del afuera, del mundo externo de la prisión dentro de Punta de Rieles. Porque si uno está preparando a estos hombres para que vivan en libertad, hay que prepararlos en un escenario que se parezca lo más posible dentro de las limitaciones de lo que se pueda hacer en una prisión”.
El objetivo es humanizar la cárcel
Inaugurada en 2010, es el primer presidio en Uruguay dirigido por personal no vinculado a las fuerzas armadas. En su interior es común ver a trabajadoras sociales que conviven con los presos y los ayudan a resolver sus problemas. El objetivo es, no solo preparar al interno para la vida exterior, sino humanizar la cárcel.
"El delito, al ser tan individualista, genera muchas dificultades para que la gente entienda que es posible vivir de otra manera. Por eso el concepto de pueblo. En la misma medida en que se van desarrollando estas actividades, se hace un proceso de socialización que de alguna manera recomponga la ruptura de todos los vínculos que ellos han tenido hasta el momento en que llegaron acá", recalca Arbesún.
Cárcel con mínima presencia policial
Ninguno de los internos puede estar quieto: las actividades van desde practicar un deporte hasta colaborar en un taller de radio. Todos tienen la obligación de respetarse y con creatividad desarrollar el mejor sistema de convivencia ciudadana con mínima presencia policial y sin la circulación de dinero legal.
"En este caso tengo un ticket de $60, un familiar vino y le dejó (a un preso) eso para una cena", cuenta Fabián Rodríguez, que trabaja en una panadería dentro de la cárcel. "Él viene con el ticket que es como el dinero y me compra. Yo tacho y si el ticket queda eliminado como en este caso, me lo quedo para que conste en la tesorería y finalmente poder retirar el efectivo".
"Te da una posibilidad de crecimiento como persona porque también te brinda la oportunidad de tener contacto con las personas que vienen. Ahora estamos esperando la visita de Mujica y todo eso te da otra forma de pensar", comenta Rodolfo Mella, abogado preso que colabora en la radio de la cárcel.
Punta de Rieles como una "oportunidad de vida"
Unos 33 emprendimientos laborales forman parte de la fisionomía de esta cárcel pueblo. Desde la primera constructora de un preso inscripta en el sistema impositivo local hasta un almacén de ramos generales, son tan solo algunas de las iniciativas que les permitieron enterrar los tiempos del delito.
"Yo te definiría a Punta de Rieles como una oportunidad de vida. Acá en Punta de Rieles no te cierran las puertas, te dan una mano. Quien quiera salir adelante con trabajo y esfuerzo, sale adelante", dice Núñez Cruz, presidiario y dueño de una empresa constructora.
Por su parte, Arturo Correa, que trabaja en un comercio de alimentos elaborados, opina que "de esta forma nosotros podernos reintegrarnos a la sociedad sin problemas, sin tener apremios económicos. Porque para quien está privado de la libertad como yo, que llevo 13 años detenido, se torna muy difícil salir a la calle y poder conseguir un trabajo".
El nuevo sistema muestra resultados formidables
En 2007, un informe de la ONU denunció condiciones de detención inhumanas y hacinamiento en las cárceles uruguayas.
Tres años después se aprobó una ley de emergencia que propició la construcción de nuevos establecimientos. Hoy, de cada 300 liberados de Punta de Rieles, sólo cuatro regresan a la delincuencia. Son los resultados de una nueva concepción carcelaria.
Tres años después se aprobó una ley de emergencia que propició la construcción de nuevos establecimientos. Hoy, de cada 300 liberados de Punta de Rieles, sólo cuatro regresan a la delincuencia. Son los resultados de una nueva concepción carcelaria.
Punta de Rieles es un complejo penitenciario, que si bien está rodeado de un alambre perimetral, no vive el encierro como todas las cárceles tradicionales. Aquí conviven almacenes, panaderías, una huerta y hasta una radio comunitaria como si fueran actividades típicas de un pueblo.
Precisamente eso se intenta replicar: la estructura de una ciudad donde los presos son parte activa de su funcionamiento. El resultado es formidable, no solo muchos aprenden un oficio, sino que sucede algo más importante: se brinda una nueva chance para transformar el pasado oscuro en un futuro en libertad muy prometedor.
Precisamente eso se intenta replicar: la estructura de una ciudad donde los presos son parte activa de su funcionamiento. El resultado es formidable, no solo muchos aprenden un oficio, sino que sucede algo más importante: se brinda una nueva chance para transformar el pasado oscuro en un futuro en libertad muy prometedor.
domingo, 21 de diciembre de 2014
Ola migratoria de niños centroamericanos desató crisis humanitaria en 2014
Los menores emigraron sin sus padres a EE.UU. por causa de la pobreza y la violencia.
Foto: EFE
La pobreza y la violencia empujaron este año a miles de menores centroamericanos a emigrar sin compañía de adultos hacia Estados Unidos, provocando una crisis humanitaria que captó la atención mundial y movilizó a las autoridades de varios países.
Unos 68.000 niños de Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente, emprendieron una peligrosa travesía terrestre y lograron ingresar ilegalmente a Estados Unidos, muchos de ellos motivados por el deseo de reencontrarse con sus padres, residentes en aquel país.
Pero también la situación de pobreza y la urgencia de escapar al reclutamiento forzoso de las pandillas fueron factores determinantes de este flujo, que las autoridades estadounidenses definieron como una crisis humanitaria.
Los gobiernos de los países centroamericanos realizaron gestiones para que los menores no fueran deportados y que su situación la ventilara un juez migratorio.El 14 de noviembre, los presidentes de los tres países presentaron en Washington un plan denominado "Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte", cuyo principal objetivo es combatir la pobreza y la violencia como medio de desestimular la emigración.
Este plan "marca un hito importante en la cooperación y en los esfuerzos trinacionales que desarrollamos" y "esperamos comenzar a implementar algunas medidas del plan el próximo año", declaró el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.
En noviembre, Estados Unidos se comprometió a abrir un programa que permitiría a los inmigrantes regulares de estos tres países solicitar, bajo ciertas condiciones, el estatuto de refugiados para sus hijos solteros menores de 21 años.
Imparable migración
Analistas reconocen la importancia del Plan para la Prosperidad pero advierten que superar los rezagos que generan la pobreza y la violencia asociada de las pandillas llevará muchos años. "La migración no se va a detener mientras no se mejore la calidad de vida y se invierta en educación, salud, seguridad y mejoramiento de la economía", advirtió en Guatemala la directora de la Mesa Nacional para la Migración (Menamig), Julia González.
"En Guatemala no hay condiciones para vivir con tranquilidad y la situación es dramática para los niños y jóvenes. Lo que se da es una expulsión forzada porque no es una migración voluntaria", destacó la directora de Menamig.
A pesar de los peligros que supone el recorrido por tierra o mar, los padres en Estados Unidos pagan hasta 8.000 dólares a coyotes (traficantes de personas) para trasladar a sus hijos y sacarlos del peligro en que han caído sus comunidades de origen. La responsable de asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), Karla Salas, advierte que el problema es grande y complejo porque la migración se ha convertido en un factor de sobrevivencia.
"Antes para la reunificación familiar se esperaba que el niño cursara el bachillerato, ahora han tenido que adelantar el proyecto migratorio porque los niños están siendo acosados por pandillas o sus familias están siendo extorsionadas porque sus padres se vuelven blanco perfecto por las remesas que mandan", explicó Salas.
Pero la migración tampoco salva de la violencia. "No hay un solo niño que regrese a Honduras ileso; todo niño que ha emigrado regresa con una cicatriz de violencia", lamentó en Honduras el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruela. Además, la amenaza de la deportación está siempre presente. Las estadísticas de deportados vía aérea desde Estados Unidos, de enero a noviembre, llegaban a 110.320 entre los tres países. La cifra en igual periodo de 2013 fue de 102.609, según datos oficiales.
Complicado financiamiento
El Plan de la Alianza para la Prosperidad presentado en noviembre en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está basado en cuatro pilares: emprendimiento y creación de empleo; seguridad, capacitación técnica y fortalecimiento institucional. Su objetivo es llevar fondos a los municipios de mayor migración.
Estados Unidos, se comprometió a colaborar con un monto no especificado y prometió estimular a organismos multilaterales para que brinden su ayuda y para que grandes empresas hagan inversiones estratégicas en poblados de mayor migración.
El analista y profesor universitario salvadoreño Roberto Cañas advirtió que el Plan para la Prosperidad es una "declaración de buenas intenciones" porque Estados Unidos no estableció montos de ayuda, que para ser liberada deberá sortear el camino del Congreso dominado por los republicanos. Para Cañas sería "injusto" que los tres países contraigan mayores deudas para atenuar un fenómeno migratorio en el que Estados Unidos tiene una "corresponsabilidad".
Unos 68.000 niños de Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente, emprendieron una peligrosa travesía terrestre y lograron ingresar ilegalmente a Estados Unidos, muchos de ellos motivados por el deseo de reencontrarse con sus padres, residentes en aquel país.
Pero también la situación de pobreza y la urgencia de escapar al reclutamiento forzoso de las pandillas fueron factores determinantes de este flujo, que las autoridades estadounidenses definieron como una crisis humanitaria.
Los gobiernos de los países centroamericanos realizaron gestiones para que los menores no fueran deportados y que su situación la ventilara un juez migratorio.El 14 de noviembre, los presidentes de los tres países presentaron en Washington un plan denominado "Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte", cuyo principal objetivo es combatir la pobreza y la violencia como medio de desestimular la emigración.
Este plan "marca un hito importante en la cooperación y en los esfuerzos trinacionales que desarrollamos" y "esperamos comenzar a implementar algunas medidas del plan el próximo año", declaró el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.
En noviembre, Estados Unidos se comprometió a abrir un programa que permitiría a los inmigrantes regulares de estos tres países solicitar, bajo ciertas condiciones, el estatuto de refugiados para sus hijos solteros menores de 21 años.
Imparable migración
Analistas reconocen la importancia del Plan para la Prosperidad pero advierten que superar los rezagos que generan la pobreza y la violencia asociada de las pandillas llevará muchos años. "La migración no se va a detener mientras no se mejore la calidad de vida y se invierta en educación, salud, seguridad y mejoramiento de la economía", advirtió en Guatemala la directora de la Mesa Nacional para la Migración (Menamig), Julia González.
"En Guatemala no hay condiciones para vivir con tranquilidad y la situación es dramática para los niños y jóvenes. Lo que se da es una expulsión forzada porque no es una migración voluntaria", destacó la directora de Menamig.
A pesar de los peligros que supone el recorrido por tierra o mar, los padres en Estados Unidos pagan hasta 8.000 dólares a coyotes (traficantes de personas) para trasladar a sus hijos y sacarlos del peligro en que han caído sus comunidades de origen. La responsable de asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), Karla Salas, advierte que el problema es grande y complejo porque la migración se ha convertido en un factor de sobrevivencia.
"Antes para la reunificación familiar se esperaba que el niño cursara el bachillerato, ahora han tenido que adelantar el proyecto migratorio porque los niños están siendo acosados por pandillas o sus familias están siendo extorsionadas porque sus padres se vuelven blanco perfecto por las remesas que mandan", explicó Salas.
Pero la migración tampoco salva de la violencia. "No hay un solo niño que regrese a Honduras ileso; todo niño que ha emigrado regresa con una cicatriz de violencia", lamentó en Honduras el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruela. Además, la amenaza de la deportación está siempre presente. Las estadísticas de deportados vía aérea desde Estados Unidos, de enero a noviembre, llegaban a 110.320 entre los tres países. La cifra en igual periodo de 2013 fue de 102.609, según datos oficiales.
Complicado financiamiento
El Plan de la Alianza para la Prosperidad presentado en noviembre en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está basado en cuatro pilares: emprendimiento y creación de empleo; seguridad, capacitación técnica y fortalecimiento institucional. Su objetivo es llevar fondos a los municipios de mayor migración.
Estados Unidos, se comprometió a colaborar con un monto no especificado y prometió estimular a organismos multilaterales para que brinden su ayuda y para que grandes empresas hagan inversiones estratégicas en poblados de mayor migración.
El analista y profesor universitario salvadoreño Roberto Cañas advirtió que el Plan para la Prosperidad es una "declaración de buenas intenciones" porque Estados Unidos no estableció montos de ayuda, que para ser liberada deberá sortear el camino del Congreso dominado por los republicanos. Para Cañas sería "injusto" que los tres países contraigan mayores deudas para atenuar un fenómeno migratorio en el que Estados Unidos tiene una "corresponsabilidad".
BAJADO DE http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ola-migratoria-de-ninos-centroamericanos-desato-crisis-articulo-533836
La técnica de Urresti, por Fernando Rospigliosi
- Fernando Rospigliosi
- Analista político
Urresti no está haciendo casi nada para mejorar la seguridad, pero está trabajando mucho para aumentar su popularidad.
La seguridad ciudadana sigue empeorando en el Perú. Una de las pocas cifras confiables son las encuestas de victimización, que preguntan a los ciudadanos si han sido víctimas de un delito en los últimos doce meses. En el 2014 el Perú encabeza la lista en el hemisferio occidental: el 30.5 % fue víctima de algún delito, un empeoramiento con respecto al 2012, cuando la cifra fue 28.1 %, según el Barómetro de las Américas.
La última encuesta de Ipsos publicada por El Comercio apunta en la misma dirección, pues muestra que el 60 % cree que la seguridad está empeorando.
Es decir, a los ciudadanos nos va muy mal. Pero al ministro del Interior, Daniel Urresti, le va muy bien: es el más popular del gabinete y ya aparece en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de 2016.
Su técnica es sencilla y eficaz: se dedica casi exclusivamente a promoverse mediáticamente usando el cargo que detenta, apareciendo en los operativos exitosos de la policía –en los otros no se acerca- como si él fuera el directo responsable de que las cosas se hicieron y salieron bien.
En un ambiente de estrés y miedo como el que se vive ante el avance de la delincuencia, mucha gente cree que “por lo menos está haciendo algo”. Eso explica, en parte, la incongruencia entre el deterioro de la seguridad y la popularidad del ministro.
La realidad es que Urresti no está haciendo casi nada para mejorar la seguridad, pero está trabajando mucho para aumentar su popularidad, con dos propósitos definidos. El primero, evitar que prospere el proceso que se le sigue por el asesinato del periodista de Caretas, Hugo Bustíos. De hecho, el fiscal superior está asustado y no toma ninguna decisión. Un individuo agresivo, con poder y popularidad, es difícil de sentenciar por un sistema judicial débil. El segundo, lograr un cargo electivo en el 2016.
Asimismo, está en su repertorio insultar a todos los que discrepan con él, aunque ahora también lo hace por encargo de la pareja presidencial. El último fue, como apuntó Mariella Balbi en El Comercio, “un ataque artero y vil por parte del ministro Urresti” a la ex procuradora Yeni Vilcatoma.
Otro elemento de la técnica de Urresti es la sistemática falsificación de cifras y logros, agrandándolos de manera desmesurada, aunque para eso tenga que trasformar el yeso en cocaína. Como algunos que observamos con detalle las cifras lo hemos desenmascarado varias veces, ahora se abstiene de anunciar números pero sigue haciendo ofertas que no cumple.
Las promesas sin fundamento, pero efectistas, son parte del método de Urresti. Cuando llegó al ministerio, ofreció llevar a todos los vehículos con papeletas al depósito gigante que en un mes iba a construir en Pachacamac. Prometió acabar con los centros de venta de autopartes robadas –San Jacinto incluido- en diciembre. Dijo que en un mes presentaba el proyecto de ley para prohibir las lunas polarizadas. Ahora dice que acabará con el crimen organizado en Trujillo para el próximo julio. Antes, cuando estaba a cargo de la minería informal, había ofrecido terminar con ese negocio en Puno y Madre de Dios. Y así hasta el infinito. Urresti simplemente confía en la mala memoria de la gente.
En materia de seguridad, el ministro está repitiendo su experiencia con la minería informal que lo catapultó a la fama al tiempo que fracasaba estrepitosamente. En efecto, lo esencial de la política del gobierno era formalizar a los informales. El resultado es que se han formalizado 5 de 300,000. En el mejor de los casos, 220, como ha sostenido, aunque sin mostrar evidencias, el ministro del Ambiente; es decir, el 0.07%. Ha disminuido en algo el uso del mercurio solo porque se ha reemplazado con cianuro. Y el oro ilegal ahora sale por Bolivia, que ha triplicado sus exportaciones de ese metal sin tener nuevas minas, como anota Miguel Santillana en el diario Gestión.
En suma, Urresti es un aprovechado imitador del estilo de Hugo Chávez, con las mismas desastrosas consecuencias de su inspirador: mucho ruido y pocas nueces.
Como ha señalado Carlos Basombrío en la revista Semana Económica, es una desgracia para el “país que, de nuevo, un aventurero, autoritario, imprevisible y sin escrúpulos tenga protagonismo en la política peruana”.
BAJADO DE http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/tecnica-urresti-fernando-rospigliosi-noticia-1779734 21 de diciembre dle 2014
La última encuesta de Ipsos publicada por El Comercio apunta en la misma dirección, pues muestra que el 60 % cree que la seguridad está empeorando.
Es decir, a los ciudadanos nos va muy mal. Pero al ministro del Interior, Daniel Urresti, le va muy bien: es el más popular del gabinete y ya aparece en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de 2016.
Su técnica es sencilla y eficaz: se dedica casi exclusivamente a promoverse mediáticamente usando el cargo que detenta, apareciendo en los operativos exitosos de la policía –en los otros no se acerca- como si él fuera el directo responsable de que las cosas se hicieron y salieron bien.
En un ambiente de estrés y miedo como el que se vive ante el avance de la delincuencia, mucha gente cree que “por lo menos está haciendo algo”. Eso explica, en parte, la incongruencia entre el deterioro de la seguridad y la popularidad del ministro.
La realidad es que Urresti no está haciendo casi nada para mejorar la seguridad, pero está trabajando mucho para aumentar su popularidad, con dos propósitos definidos. El primero, evitar que prospere el proceso que se le sigue por el asesinato del periodista de Caretas, Hugo Bustíos. De hecho, el fiscal superior está asustado y no toma ninguna decisión. Un individuo agresivo, con poder y popularidad, es difícil de sentenciar por un sistema judicial débil. El segundo, lograr un cargo electivo en el 2016.
Asimismo, está en su repertorio insultar a todos los que discrepan con él, aunque ahora también lo hace por encargo de la pareja presidencial. El último fue, como apuntó Mariella Balbi en El Comercio, “un ataque artero y vil por parte del ministro Urresti” a la ex procuradora Yeni Vilcatoma.
Otro elemento de la técnica de Urresti es la sistemática falsificación de cifras y logros, agrandándolos de manera desmesurada, aunque para eso tenga que trasformar el yeso en cocaína. Como algunos que observamos con detalle las cifras lo hemos desenmascarado varias veces, ahora se abstiene de anunciar números pero sigue haciendo ofertas que no cumple.
Las promesas sin fundamento, pero efectistas, son parte del método de Urresti. Cuando llegó al ministerio, ofreció llevar a todos los vehículos con papeletas al depósito gigante que en un mes iba a construir en Pachacamac. Prometió acabar con los centros de venta de autopartes robadas –San Jacinto incluido- en diciembre. Dijo que en un mes presentaba el proyecto de ley para prohibir las lunas polarizadas. Ahora dice que acabará con el crimen organizado en Trujillo para el próximo julio. Antes, cuando estaba a cargo de la minería informal, había ofrecido terminar con ese negocio en Puno y Madre de Dios. Y así hasta el infinito. Urresti simplemente confía en la mala memoria de la gente.
En materia de seguridad, el ministro está repitiendo su experiencia con la minería informal que lo catapultó a la fama al tiempo que fracasaba estrepitosamente. En efecto, lo esencial de la política del gobierno era formalizar a los informales. El resultado es que se han formalizado 5 de 300,000. En el mejor de los casos, 220, como ha sostenido, aunque sin mostrar evidencias, el ministro del Ambiente; es decir, el 0.07%. Ha disminuido en algo el uso del mercurio solo porque se ha reemplazado con cianuro. Y el oro ilegal ahora sale por Bolivia, que ha triplicado sus exportaciones de ese metal sin tener nuevas minas, como anota Miguel Santillana en el diario Gestión.
En suma, Urresti es un aprovechado imitador del estilo de Hugo Chávez, con las mismas desastrosas consecuencias de su inspirador: mucho ruido y pocas nueces.
Como ha señalado Carlos Basombrío en la revista Semana Económica, es una desgracia para el “país que, de nuevo, un aventurero, autoritario, imprevisible y sin escrúpulos tenga protagonismo en la política peruana”.
BAJADO DE http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/tecnica-urresti-fernando-rospigliosi-noticia-1779734 21 de diciembre dle 2014
jueves, 20 de noviembre de 2014
Artículo de TRIBUNA «La violencia: El Ébola de América Latina»
TRIBUNA
BAJADO DE http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/12/actualidad/1415752688_535844.html
El ébola de América Latina
La violencia es la gran epidemia regional
América Latina es una región de contrastes. En la última década, las naciones latinoamericanas, en su conjunto, experimentaron las mayores tasas de crecimiento desde los años sesenta y su participación en la economía global pasó de un 5% a un 8%. A su vez, entre 2002 y 2012, la pobreza disminuyó de un 44% a un 29%, el desempleo se redujo en un 35%, y la clase media se expandió desde un 22% hasta un 34% en el mismo período.
Pero al mismo tiempo que asistíamos a tan alentadores escenarios en lo económico y lo social, un potente virus se extendía por varios de estos países y sus graves síntomas llegaron a los principales titulares de medios de comunicación, locales y extranjeros. Las múltiples y complejas causas de la enfermedad desafiaron a los mejores académicos y expertos internacionales, quienes por muchos años han procurado diagnosticarla.
Presionados por la justificada ira e impaciencia popular ante los devastadores efectos del mal, algunos tomadores de decisión se apresuraron a recetar medidas que más bien postergaron la adecuada atención del problema, contribuyendo a su agravamiento. Es ésta una enfermedad que está devastando a la población de algunos países latinoamericanos, especialmente a la población más joven. Es una enfermedad que no se conforma con cobrar vidas humanas, también corroe los fundamentos mismos de la institucionalidad y pone en riesgo el pacto social fundamental.
La violencia es la gran epidemia que ha venido golpeando a América Latina. Sus antecedentes hacen presumir que tiende a ser endémica en esta región. En los últimos años se ha manifestado a través de la delincuencia común y organizada; en el pasado lo hizo de la mano de represión política. Aunque la ola democrática que ha cubierto a prácticamente todas las naciones latinoamericanas parece haber enterrado por siempre el pasado de horror y persecución que las sacudió, aún resuenan en comisiones de investigación y salas de juicio los testimonios de víctimas y familiares de la violencia provocada por los despóticos regímenes militares que las gobernaron.
Varias décadas después de esa epidemia de violencia política, el virus de esta enfermedad ha mutado en violencia criminal. Esta última llegó a mostrar sus peores efectos en Colombia y Perú y hoy hace lo mismo en México y el norte de Centroamérica, aunque ningún país está exento de ella y la padecen en diferente escala. De acuerdo al PNUD entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó.
Durante este período se perdieron más de 1 millón de vidas humanas por causa de la violencia criminal, es decir, cerca de 100,000 muertes por año. Como si no fuese poco la pérdida de vidas humanas, la violencia se ensaña de manera particular en la población más joven –el más valioso activo de las naciones latinoamericanas-, para la cual el riesgo de ser víctima de un homicidio doloso es más del doble que para el resto de la población.
Otros efectos de la violencia criminal resultan igualmente devastadores en una multiplicidad de aspectos. Para sociedades con niveles de desarrollo bajo o medio, se distraen recursos en cantidades que en algunos países alcanzan hasta el 10% del PIB. Ciudades y naciones enteras experimentan drásticas caídas en el turismo o en los flujos de inversión, frenando el crecimiento y restando competitividad a sus economías. La desconfianza y el temor se apoderan de los ciudadanos, debilitando el capital social, una de las fortalezas del desarrollo latinoamericano. Como corolario, las instituciones públicas terminan siendo blanco de críticas y descontento y se incentivan respuestas fuera del marco de la ley, poniendo en riesgo los aún precarios procesos de consolidación de la democracia y del Estado de Derecho.
Sin embargo, pese a la gravedad del problema, más recientemente se observan avances en el debate público y en la naturaleza de las medidas que empiezan a tomar fuerza para enfrentar el mismo. Hoy, a la par de las escenas de despojo y dolor, se registran también experiencias exitosas que han logrado contener y revertir el avance de la violencia criminal mediante abordajes integrales y multidisciplinarios.
Hoy, ante las fallidas recetas del populismo represivo y las políticas de "mano dura", se fortalecen los enfoques centrados en la prevención y tratamiento de las causas de la violencia.
Hoy, frente a la aceptación sin más de la doctrina de la "guerra contra las drogas" que prevaleció en el pasado, se ha abierto un debate que aboga por escenarios alternativos para el manejo del fenómeno del narcotráfico, uno de los principales factores de violencia en la región. Vemos así, la posibilidad de que un abanico de políticas públicas pueda finalmente encontrar las claves para el tratamiento de esta grave epidemia.
Es por ello que, parafraseando a un poeta de mi tierra quien señaló que "nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer", algunos percibimos un rayo de luz destellando sobre el horizonte de despojo y dolor que hoy cubre a algunos países de la región. Es la luz que irradia la esperanza de ver por fin algunas respuestas que nos permitan contener, la epidemia que más vidas humanas ha cobrado en la historia de América Latina.
Pero al mismo tiempo que asistíamos a tan alentadores escenarios en lo económico y lo social, un potente virus se extendía por varios de estos países y sus graves síntomas llegaron a los principales titulares de medios de comunicación, locales y extranjeros. Las múltiples y complejas causas de la enfermedad desafiaron a los mejores académicos y expertos internacionales, quienes por muchos años han procurado diagnosticarla.
Presionados por la justificada ira e impaciencia popular ante los devastadores efectos del mal, algunos tomadores de decisión se apresuraron a recetar medidas que más bien postergaron la adecuada atención del problema, contribuyendo a su agravamiento. Es ésta una enfermedad que está devastando a la población de algunos países latinoamericanos, especialmente a la población más joven. Es una enfermedad que no se conforma con cobrar vidas humanas, también corroe los fundamentos mismos de la institucionalidad y pone en riesgo el pacto social fundamental.
En los últimos años se ha manifestado a través de la delincuencia común y organizada; en el pasado lo hizo de la mano de represión política
Varias décadas después de esa epidemia de violencia política, el virus de esta enfermedad ha mutado en violencia criminal. Esta última llegó a mostrar sus peores efectos en Colombia y Perú y hoy hace lo mismo en México y el norte de Centroamérica, aunque ningún país está exento de ella y la padecen en diferente escala. De acuerdo al PNUD entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó.
Durante este período se perdieron más de 1 millón de vidas humanas por causa de la violencia criminal, es decir, cerca de 100,000 muertes por año. Como si no fuese poco la pérdida de vidas humanas, la violencia se ensaña de manera particular en la población más joven –el más valioso activo de las naciones latinoamericanas-, para la cual el riesgo de ser víctima de un homicidio doloso es más del doble que para el resto de la población.
Otros efectos de la violencia criminal resultan igualmente devastadores en una multiplicidad de aspectos. Para sociedades con niveles de desarrollo bajo o medio, se distraen recursos en cantidades que en algunos países alcanzan hasta el 10% del PIB. Ciudades y naciones enteras experimentan drásticas caídas en el turismo o en los flujos de inversión, frenando el crecimiento y restando competitividad a sus economías. La desconfianza y el temor se apoderan de los ciudadanos, debilitando el capital social, una de las fortalezas del desarrollo latinoamericano. Como corolario, las instituciones públicas terminan siendo blanco de críticas y descontento y se incentivan respuestas fuera del marco de la ley, poniendo en riesgo los aún precarios procesos de consolidación de la democracia y del Estado de Derecho.
Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que descendía en la mayoría de países del mundo
Hoy, ante las fallidas recetas del populismo represivo y las políticas de "mano dura", se fortalecen los enfoques centrados en la prevención y tratamiento de las causas de la violencia.
Hoy, frente a la aceptación sin más de la doctrina de la "guerra contra las drogas" que prevaleció en el pasado, se ha abierto un debate que aboga por escenarios alternativos para el manejo del fenómeno del narcotráfico, uno de los principales factores de violencia en la región. Vemos así, la posibilidad de que un abanico de políticas públicas pueda finalmente encontrar las claves para el tratamiento de esta grave epidemia.
Es por ello que, parafraseando a un poeta de mi tierra quien señaló que "nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer", algunos percibimos un rayo de luz destellando sobre el horizonte de despojo y dolor que hoy cubre a algunos países de la región. Es la luz que irradia la esperanza de ver por fin algunas respuestas que nos permitan contener, la epidemia que más vidas humanas ha cobrado en la historia de América Latina.
Laura Chinchilla Miranda fue presidenta de Costa Rica de 2010 a 2014 y vicepresidenta de 2006 a 2010.
BAJADO DE http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/12/actualidad/1415752688_535844.html
domingo, 9 de noviembre de 2014
Jornada de estudios sobre Violencia e Inseguridad Ciudadana en el Perú
Jornada de estudios sobre Violencia e Inseguridad Ciudadana en el Perú
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