Asimismo, indica que estas violaciones se incrementaron en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
La organización humanitaria internacional agrega que obtuvo "pruebas creíbles" de que militares y policías están involucrados en estos ilícitos.
En ese sentido, refiere que documentó más de 170 casos de tortura, que incluyen "golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte", empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad.
El objetivo de esta práctica, asegura la organización, es conseguir información sobre la delincuencia organizada y obtener confesiones por la fuerza.
La impunidad en estos casos se propaga al sistema de justicia, donde los funcionarios no "recaban pruebas que son cruciales para juzgar a soldados y policías que aplican tácticas abusivas".
HRW también estudió además 39 casos de desapariciones forzadas. Según el informe, la impunidad prevalece porque es "habitual que funcionarios judiciales rechacen los pedidos presentados por familiares de las víctimas para que se inicien investigaciones en el periodo inmediatamente posterior" del delito, y en algunos casos incluso se niegan a recibir denuncias formales.
Además, se analizaron 24 ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de estos casos, las fuerzas de seguridad intentaron encubrir los delitos contra civiles fallecidos por torturas y en retenes militares o enfrentamientos.
En estos delitos quedan impunes porque no son investigados adecuadamente por las autoridades civiles, que no cuestionan los reportes militares de los hechos, detalla HRW.
A pesar de que entre diciembre de 2006 y enero de 2011 se registraron más de 35 mil homicidios relacionados con la estrategia de seguridad nacional por el enfrentamiento entre grupos criminales, sólo fueron acusados por estos delitos 343 personas, de acuerdo con el reporte. De éstas, el Poder Judicial federal aplicó condenas a 22.
En la justicia militar es donde hay mayor impunidad de los delitos contra civiles, pues el Ejército los resuelve en sus tribunales, según HRW.
En los cinco estados estudiados, desde 2007 al corte del informe, el Ministerio Público militar había iniciado 1 mil 615 investigaciones de violaciones a derechos humanos, pero en ninguna se había dictado condena.
La Procuraduría General de Justicia militar inició 3 mil 671 investigaciones de violaciones cometidas por elementos castrenses contra civiles entre 2007 y junio de 2011, en las que se condenaron a 15 soldados.
La organización señala que contaminar las escenas de crímenes es una práctica común del Ejército, así como que las autoridades civiles desestimen las denuncias contra los militares.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, HRW sostiene que "en la mayoría de estos casos, la escena del crimen fue manipulada por soldados y policías con la finalidad de presentar falsamente a las víctimas como agresores armados o encubrir el uso excesivo de la fuerza", recoge CNN México.
La mayoría de las víctimas documentadas en el informe son hombres jóvenes de origen humilde o de clase trabajadora, con familia e hijos pequeños; pero también hay policías, mujeres, niños, profesionales y asalariados de clase económica alta.
Los familiares de las víctimas declararon ante HRW que éstas no tenían vínculos con la delincuencia ni habían cometido los delitos que las autoridades les imputaban en la mayoría de los casos.
Los familiares de las víctimas tienen dos opciones: investigar por su cuenta los casos o resignarse a que los procesos se estanquen en la burocracia judicial, según la organización.
El informe de HRW fue producto de dos años de investigación en los que realizó más de 200 entrevistas en cinco estados con miembros de fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos y otros actores.
La organización también analizó estadísticas oficiales, recabó datos mediante solicitudes de información, y expedientes judiciales y denuncias de violaciones a derechos humanos.
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