Bonomi dijo que no “seguirá discutiendo” con Defensa; por ahora lo hará la Guardia Republicana
Tras la serie de motines que precipitaron la última crisis penitenciaria, el presidente José Mujica anunció el 26 de abril que era “inevitable” reglamentar y aplicar la ley que delegaba a los militares el control de ingreso a las cárceles. Pero desde filas castrenses opusieron resistencia a la medida. “No voy a seguir discutiendo (con Defensa) para hacer la tarea”, dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a El Observador. “Los controles, incluso con los escáneres, los va a hacer la Guardia Republicana”, aseguró.
La resistencia a realizar esta tarea no surgió en la cúpula del Ministerio de Defensa, que promulgó la ley que permite estos controles, sino en el Ejército, informaron fuentes de la cartera a El Observador. La resistencia obedece a que los militares creen que no es una tarea inherente a su función.
El Poder Ejecutivo promulgó el 24 de diciembre de 2010 la ley 18.717, que lo faculta a encomendar a los militares la “guardia perimetral externa” a las cárceles y “el control de acceso y egreso, revisación e inspección de personas, vehículos y objetos que ingresen a las cárceles, penitenciarías y centros de recuperación” hasta el 31 de diciembre de 2012.
“El personal policial no quedará exento del control”, agrega. La ley establece además que “el Poder Ejecutivo podrá prorrogar, por única vez, hasta el 1º de julio de 2013” ambas funciones.
Sin embargo, a tres meses de que caduque el plazo para concretar la medida, el gobierno no ha reglamentado la ley, por discrepancias entre los ministerios en la forma de implementar la tarea.
En su último informe, fechado el 29 de agosto de 2012, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Álvaro Garcé, aseguró en referencia al control de ingreso a las cárceles que “la reglamentación y aplicación de la ley 18.717 tiene una importancia clave” y que “cuesta imaginar en el futuro próximo al sistema penitenciario sin la activa participación de efectivos del Ministerio de Defensa”.
De lo inevitable al freno militar
Un recluso del Penal de Libertad mató a un guardia e hirió a otro al disparar un revólver 9 milímetros el 20 de abril de este año. Luego fue ejecutado. El suceso desencadenó motines en el Comcar y en la cárcel de mujeres e intentos en cárceles del interior del país.
“No hay otra explicación para esos sucesos que la corrupción (policial). Ni las armas ni las drogas las entra el Espíritu Santo”, dijo entonces Mujica.
Ante esta situación, el presidente anunció en su audición radial del 26 de abril: “Nos lleva inevitablemente a hacer que se cumpla la decisión ya tomada hace tiempo de que parte de las Fuerzas Armadas se hagan cargo de las puertas de acceso de algunas de las cárceles principales de este país porque necesitamos seguridad en ese terreno”. Los militares ya realizan el control perimetral externo.
Días más tarde, en el acto del 1º de mayo, un periodista le preguntó por qué se había demorado en reglamentar la ley. “Sí, ese es mi error, que la planteé y después se fue demorando y demorando, es culpa del presidente que no puso la pata en el acelerador”, respondió Mujica.
La resistencia de los militares no solo impidió que el presidente pusiera “la pata en el acelerador”, sino que logró frenar la medida.
“Todavía no tenemos acuerdo (...). No nos vamos a empantanar en el trabajo. No voy a seguir discutiendo para hacer la tarea. No vamos a esperar a hacer la tarea hasta que lleguemos a un acuerdo. Vamos a instrumentar (el control) con la Guardia Republicana. Si llegamos a un acuerdo, sustituimos”, dijo Bonomi.
Esto último parece poco probable, ya que la posibilidad de hacerlo caduca el 31 de diciembre de este año y la ley no ha sido aún reglamentada.
De todas maneras, el ministro advirtió que la ley no “obliga” a los militares a realizar el control, sino que “faculta” al Ejecutivo a hacerlo.
La Republicana da “garantías”
La Guardia Republicana ya está controlando a los policías en el ingreso al Penal de Libertad y al Comcar, informó el ministro.
Desde esta semana, cuando comiencen a funcionar los escáneres en ambas cárceles, también controlarán las visitas de los reclusos.
Bonomi destacó que la Guardia Republicana le da “garantías” en el control, porque no pertenece al mismo cuerpo que los guardias y puede así evitar la corrupción que permite el ingreso de armas y drogas a las cárceles. El ministro advirtió además que la situación de esa fuerza hoy es “distinta” de la que existía en 2010, cuando se aprobó la ley. “Ahí no llegaba a 800 efectivos y ahora tendrá 1.500”, dijo Bonomi.
Agregó que el gobierno prorrogará el control perimetral de los militares en las cárceles hasta el 1º de julio de 2013, tal como lo establece la ley.
La resistencia a realizar esta tarea no surgió en la cúpula del Ministerio de Defensa, que promulgó la ley que permite estos controles, sino en el Ejército, informaron fuentes de la cartera a El Observador. La resistencia obedece a que los militares creen que no es una tarea inherente a su función.
El Poder Ejecutivo promulgó el 24 de diciembre de 2010 la ley 18.717, que lo faculta a encomendar a los militares la “guardia perimetral externa” a las cárceles y “el control de acceso y egreso, revisación e inspección de personas, vehículos y objetos que ingresen a las cárceles, penitenciarías y centros de recuperación” hasta el 31 de diciembre de 2012.
“El personal policial no quedará exento del control”, agrega. La ley establece además que “el Poder Ejecutivo podrá prorrogar, por única vez, hasta el 1º de julio de 2013” ambas funciones.
Sin embargo, a tres meses de que caduque el plazo para concretar la medida, el gobierno no ha reglamentado la ley, por discrepancias entre los ministerios en la forma de implementar la tarea.
En su último informe, fechado el 29 de agosto de 2012, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Álvaro Garcé, aseguró en referencia al control de ingreso a las cárceles que “la reglamentación y aplicación de la ley 18.717 tiene una importancia clave” y que “cuesta imaginar en el futuro próximo al sistema penitenciario sin la activa participación de efectivos del Ministerio de Defensa”.
De lo inevitable al freno militar
Un recluso del Penal de Libertad mató a un guardia e hirió a otro al disparar un revólver 9 milímetros el 20 de abril de este año. Luego fue ejecutado. El suceso desencadenó motines en el Comcar y en la cárcel de mujeres e intentos en cárceles del interior del país.
“No hay otra explicación para esos sucesos que la corrupción (policial). Ni las armas ni las drogas las entra el Espíritu Santo”, dijo entonces Mujica.
Ante esta situación, el presidente anunció en su audición radial del 26 de abril: “Nos lleva inevitablemente a hacer que se cumpla la decisión ya tomada hace tiempo de que parte de las Fuerzas Armadas se hagan cargo de las puertas de acceso de algunas de las cárceles principales de este país porque necesitamos seguridad en ese terreno”. Los militares ya realizan el control perimetral externo.
Días más tarde, en el acto del 1º de mayo, un periodista le preguntó por qué se había demorado en reglamentar la ley. “Sí, ese es mi error, que la planteé y después se fue demorando y demorando, es culpa del presidente que no puso la pata en el acelerador”, respondió Mujica.
La resistencia de los militares no solo impidió que el presidente pusiera “la pata en el acelerador”, sino que logró frenar la medida.
“Todavía no tenemos acuerdo (...). No nos vamos a empantanar en el trabajo. No voy a seguir discutiendo para hacer la tarea. No vamos a esperar a hacer la tarea hasta que lleguemos a un acuerdo. Vamos a instrumentar (el control) con la Guardia Republicana. Si llegamos a un acuerdo, sustituimos”, dijo Bonomi.
Esto último parece poco probable, ya que la posibilidad de hacerlo caduca el 31 de diciembre de este año y la ley no ha sido aún reglamentada.
De todas maneras, el ministro advirtió que la ley no “obliga” a los militares a realizar el control, sino que “faculta” al Ejecutivo a hacerlo.
La Republicana da “garantías”
La Guardia Republicana ya está controlando a los policías en el ingreso al Penal de Libertad y al Comcar, informó el ministro.
Desde esta semana, cuando comiencen a funcionar los escáneres en ambas cárceles, también controlarán las visitas de los reclusos.
Bonomi destacó que la Guardia Republicana le da “garantías” en el control, porque no pertenece al mismo cuerpo que los guardias y puede así evitar la corrupción que permite el ingreso de armas y drogas a las cárceles. El ministro advirtió además que la situación de esa fuerza hoy es “distinta” de la que existía en 2010, cuando se aprobó la ley. “Ahí no llegaba a 800 efectivos y ahora tendrá 1.500”, dijo Bonomi.
Agregó que el gobierno prorrogará el control perimetral de los militares en las cárceles hasta el 1º de julio de 2013, tal como lo establece la ley.
