jueves, 17 de noviembre de 2011
miércoles, 16 de noviembre de 2011
sábado, 12 de noviembre de 2011
Dos de cada diez niños sufren ansiedad
El Ministerio de Salud informó que este tipo de males pues manifestarse a través de dolores musculares, temblores o sudoración de manos.
11 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Afirman que el mal puede producir mayores discapacidades emocionales. (USI)
Dos de cada diez niños presentan trastorno de ansiedad en el Perú, un mal de salud mental que puede manifestarse a través de dolores musculares, temblores, sudoración de manos, temor de hablar en público o de conocer a nuevas personas, informó hoy el Ministerio de Salud (Minsa).
Especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado–Hideyo Noguchi, perteneciente al Minsa, explicaron que otros síntomas de este trastorno son las náuseas, bochornos, sensación de falta de aire, fobias diversas, alteraciones en la concentración, pesadillas, entre otros problemas.
Roxana Vivar, encargada del Programa de Ansiedad de la Dirección de Niños y Adolescentes del citado instituto, señaló que la ansiedad es un problema de salud pública entre la población infanto-juvenil, debido a su elevada prevalencia, la edad temprana en la que se presenta, el deterioro que provoca y la asociación con otras enfermedades mentales.
Estos trastornos pueden presentarse por herencia de padres a hijos o de familiares cercanos, por el temperamento del niño y por las experiencias negativas vividas por el menor a lo largo de su vida, indicó la especialista.
“Los niños que han sufrido maltrato infantil tienen mayor riesgo de desarrollar cualquiera de estas enfermedades”, agregó.
En caso de que los pacientes no reciban el tratamiento adecuado, los psiquiatras advierten que la ansiedad puede producir mayores discapacidades emocionales en la edad adulta.
Hay que reinventarse para combatir a las pandillas
El 15% de los pandilleros se encuentra en prisión.
Redacción | Crítica en Línea
En Panamá, hasta finales del 2009 se ha reportado la existencia de al menos 258 pandillas activas. Las cifras no superan el 1% de la población productiva panameña (18 y 35 años), pero esa situación podría cambiar si no se hacen los correctivos a tiempo.
El director de Desarrollo Social Seguro del Mides, Alberto Pettit, sabe del problema. “No voy a negar que hay violencia y que las pandillas están en el país”, pero si no se hacen esfuerzos de manera conjunta entre las diferentes fuerzas vivas de la sociedad, nuestra situación de criminalidad, advirtió, aumentará.
Panamá está en un momento histórico de decidir si baja las estadísticas de violencia o aumentan. Por la realidad que atraviesa el país pasaron otras naciones, que con esfuerzos mancomunados superaron las adversidades, aunque otras todavía lo padecen, como Perú.
Programas
En el camino para resolver el problema, se descubrió que el modelo anterior donde se ponían los recursos: un grupo interdisciplinario que se trasladaba a los barrios para conversar y atender a los delincuentes, fracasó, sentenció Pettit.
Ahora trabajan uniendo esfuerzos de grupos religiosos, católicos, evangélicos e institucionales para combatir un flagelo que representa el 35% de los 676 homicidios violentos que se cometen en el país.
Para ello se capacita a líderes barriales o comunitarios, quienes conviven con los pandilleros e interactúan sobre sus crisis para lograr su rehabilitación.
El hombre que recorre el territorio nacional escuchando sobre el problema de los jóvenes busca a través del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Presidencia y la Policía Nacional bajar los índices de delincuencia y criminalidad, ya que en el país hay cerca de 5 mil pandilleros, cifra estimada de la DIJ.
Reinserción
El mayor temor de los pandilleros es el rechazo de la sociedad, la cual no está preparada para aceptar que una persona puede cambiar una forma de vida violenta por una legal y pasiva, informó Alberto.
En el proceso de reinserción, el mayor obstáculo que encuentran los expandilleros es el rechazo de la sociedad, la cual no le brinda la oportunidad de seguir adelante en el campo laboral ni a la hora de conformar una familia. Por eso, apuntó, existen corrientes de pensamientos que piden cien años de prisión y cadena perpetua para el que delinque. La petición del récord policivo es otro ejemplo.
Pero la institución que dirige ha capacitado a más de 500 personas para que actúen como agentes multiplicadores en sus barrios y se haga efectiva la idea de cambio a nivel nacional.
Cifras
Las estadísticas a nivel mundial no ubican a Panamá entre las 50 ciudades más violentas en la orbe. Según la ONU, Tijuana es la ciudad más violenta del mundo con 13, 024 muerto por cada 100 mil habitantes.
En otros países de Centroamérica, como El Salvador, existen 18 mil pandilleros que cometen el 85% de los delitos.
Pettit agregó que los asesinatos más violentos que se han cometido en el país no han sido perpetrados por panameños. Como por ejemplo: Alcibiades Méndez, el dominicano responsable de los asesinatos de cinco chorreranos de origen chino, descubiertos en septiembre de 2011, y los cincos homicidios cometidos por el estadounidense William Datham Holbert, “Wild Bill”, que dejó a la gente espantada
Gobiernos de Centroamérica acuerdan plan de seguridad regional
SAN SALVADOR.- Los gobiernos de Centroamérica acordaron este viernes una estrategia regional de seguridad, dirigida principalmente a combatir a las violentas pandillas juveniles (maras) y evitar que la región se convierta en un nuevo bastión del narcotráfico, informaron fuentes oficiales.
Los gobiernos de Centroamérica acordaron una estrategia regional de seguridad, para combatir a las violentas pandillas.
La estrategia, que contiene 22 proyectos específicos, fue analizada y ratificada por los viceministros de Seguridad y de Relaciones Exteriores de la región durante un encuentro a puerta cerrada que concluyó la noche del jueves.
Centroamérica, considerada una de las regiones más violentas del mundo y más susceptibles a la penetración del narcotráfico, presentará estas iniciativas a un Grupo de Países Amigos, que ya han comprometido unos 2.000 millones de dólares en donaciones y créditos.
Las propuestas fueron entregadas este viernes a representantes de ese grupo, con lo cual se abrirá un periodo de negociaciones, explicó en un comunicado de prensa el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán.
De los 22 programas acordados, los gobiernos han elegido ocho para ejecutar prioritariamente en 2012, según una fuente diplomática.
Entre éstos se incluyen planes para la prevención social de la violencia desde los gobiernos locales, para la modernización de los sistemas penitenciarios y para la profesionalización de las policías regionales.
Centroamérica es considerada una de las regiones más violentas del mundo y más susceptibles a la penetración del narcotráfico.
También se dará prioridad al mejoramiento de los sistemas nacionales de investigación criminal, a la seguridad fronteriza y a los programas de prevención para la juventud, entre otros.
La decisión de elaborar un plan regional de seguridad fue adoptada en una cumbre de presidentes de Centroamérica, México y Colombia con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, que tuvo lugar en Guatemala en junio pasado.
Guatemala, El Salvador y Honduras son los países más afectados por la violencia y la corrupción en Centroamérica, aunque la inseguridad se percibe como uno de los principales problemas en todos los países del área. AFP
jueves, 10 de noviembre de 2011
Combate al crimen en México aumentó las violaciones a DDHH, indica informe
Ciudad de México, nov. 09 (ANDINA). La Estrategia de Combate a la Delincuencia Organizada en México no logró reducir la violencia en el país y, más bien, incrementó drásticamente las violaciones a los derechos humanos (DDHH), indicó un informe de Human Rigths Watch (HRW).
El trabajo "Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México", centra su estudio en tres delitos: tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, indica que estas violaciones se incrementaron en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
La organización humanitaria internacional agrega que obtuvo "pruebas creíbles" de que militares y policías están involucrados en estos ilícitos.
En ese sentido, refiere que documentó más de 170 casos de tortura, que incluyen "golpizas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte", empleadas por miembros de todas las fuerzas de seguridad.
El objetivo de esta práctica, asegura la organización, es conseguir información sobre la delincuencia organizada y obtener confesiones por la fuerza.
La impunidad en estos casos se propaga al sistema de justicia, donde los funcionarios no "recaban pruebas que son cruciales para juzgar a soldados y policías que aplican tácticas abusivas".
HRW también estudió además 39 casos de desapariciones forzadas. Según el informe, la impunidad prevalece porque es "habitual que funcionarios judiciales rechacen los pedidos presentados por familiares de las víctimas para que se inicien investigaciones en el periodo inmediatamente posterior" del delito, y en algunos casos incluso se niegan a recibir denuncias formales.
Además, se analizaron 24 ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de estos casos, las fuerzas de seguridad intentaron encubrir los delitos contra civiles fallecidos por torturas y en retenes militares o enfrentamientos.
En estos delitos quedan impunes porque no son investigados adecuadamente por las autoridades civiles, que no cuestionan los reportes militares de los hechos, detalla HRW.
A pesar de que entre diciembre de 2006 y enero de 2011 se registraron más de 35 mil homicidios relacionados con la estrategia de seguridad nacional por el enfrentamiento entre grupos criminales, sólo fueron acusados por estos delitos 343 personas, de acuerdo con el reporte. De éstas, el Poder Judicial federal aplicó condenas a 22.
En la justicia militar es donde hay mayor impunidad de los delitos contra civiles, pues el Ejército los resuelve en sus tribunales, según HRW.
En los cinco estados estudiados, desde 2007 al corte del informe, el Ministerio Público militar había iniciado 1 mil 615 investigaciones de violaciones a derechos humanos, pero en ninguna se había dictado condena.
La Procuraduría General de Justicia militar inició 3 mil 671 investigaciones de violaciones cometidas por elementos castrenses contra civiles entre 2007 y junio de 2011, en las que se condenaron a 15 soldados.
La organización señala que contaminar las escenas de crímenes es una práctica común del Ejército, así como que las autoridades civiles desestimen las denuncias contra los militares.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, HRW sostiene que "en la mayoría de estos casos, la escena del crimen fue manipulada por soldados y policías con la finalidad de presentar falsamente a las víctimas como agresores armados o encubrir el uso excesivo de la fuerza", recoge CNN México.
La mayoría de las víctimas documentadas en el informe son hombres jóvenes de origen humilde o de clase trabajadora, con familia e hijos pequeños; pero también hay policías, mujeres, niños, profesionales y asalariados de clase económica alta.
Los familiares de las víctimas declararon ante HRW que éstas no tenían vínculos con la delincuencia ni habían cometido los delitos que las autoridades les imputaban en la mayoría de los casos.
Los familiares de las víctimas tienen dos opciones: investigar por su cuenta los casos o resignarse a que los procesos se estanquen en la burocracia judicial, según la organización.
El informe de HRW fue producto de dos años de investigación en los que realizó más de 200 entrevistas en cinco estados con miembros de fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos y otros actores.
La organización también analizó estadísticas oficiales, recabó datos mediante solicitudes de información, y expedientes judiciales y denuncias de violaciones a derechos humanos.
(FIN) INT/JCC
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